La resaca de la decisión de la Comunidad Valenciana de revaluar el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de Perjeta (Roche) ha desembocado en un intenso debate entre comunidades autónomas y ministerio para tratar de alcanzar un consenso que evite nuevos exámenes regionales a los medicamentos aprobados.
Los cimientos de la divergencia entre administraciones se centran en la falta de financiación que denuncian las comunidades y la escasa participación que tienen en ellos.
Bajo estos mimbres, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) fue el escenario donde ambos entes expusieron sus posiciones en el marco del curso ‘Sinergia salud-crecimiento económico’, organizado por la compañía MSD. “El IPT es una herramienta cuyos objetivos son usar el medicamento para el paciente que mejor le sirva según el estadio de su enfermedad, y que las CC.AA., que son las que tienen que controlar estas instrucciones, usen el fármaco tal y como dice el IPT”, explicó Agustín Rivero, director general de Farmacia del ministerio de Sanidad.
El caso concreto del IPT de Perjeta
Por otra parte, toda la polvareda que se ha levantado en relación a la cohesión que podrían otorgar los IPT está motivada por la decisión de la Comunidad Valenciana de revaluar el fármaco de Roche. Federico Plaza, director de Goverments Affairs de la compañía suiza, aseguró a EL GLOBAL, publicación editada por Wecare-u, que esta decisión es inaudita porque “estos informes se consensúan con todas las autonomías y se espera a la unanimidad para que sean aprobados”. De hecho, como ya informó este periódico, este caso particular llamaba la atención porque la dirección de Farmacia valencia participó en el IPT.
Asimismo, Plaza explicó que si bien “las comunidades tienen posibilidad de gestionar”, la última modificación de la Ley de Garantías “se realizó para que, entre otras cosas, una vez se decida la financiación de un producto, esté disponible en todo el territorio nacional con el IPT como norma de uso”.
