C.M. López / J.P. Ramírez Madrid | viernes, 11 de septiembre de 2015 h |

El cambio de gobierno en la mayoría de las comunidades autónomas y la vuelta a una tasa de reposición del 100 por 100 ha animado a las consejerías de Sanidad a estudiar la ampliación de sus plantillas. Diferentes regiones han comenzado ya conversaciones con los sindicatos para analizar cuáles son las necesidades en recursos humanos. Algunas como Castilla-La Mancha ya se comprometieron en la campaña electoral a recuperar los empleos perdidos por la crisis económica. Su presidente, Emiliano García-Page, prometió la contratación de 1.000 profesionales sanitarios, un objetivo que quedó plasmado en el pacto con Podemos.

El déficit es el principal obstáculo que encontrarán las autonomías. El objetivo que les marcó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de principios de julio generó malestar en un importante número de comunidades. Regiones como Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha o Valencia advirtieron de que con un déficit del 0,3 por ciento en 2016 habría menos fondos para servicios esenciales como sanidad y educación.

Es uno de los problemas sobre los que avisa el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Extremadura, Ángel Benito. Ya se han producido contactos entre el nuevo consejero, José María Vergeles, y los sindicatos. Benito explica que la comunidad realizará un estudio para conocer el mapa sanitario. “Nosotros haremos también un análisis para valorar cuál será la petición de empleo”, añade. Al mimo tiempo, Extremadura se encuentra pendiente de cerrar la OPE de 2011. Algunas de sus convocatorias se encuentran paralizadas en los juzgados, aunque la consejería confía en que este mismo año se pueda solucionar la situación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha iniciado contactos con las organizaciones sindicales para dar forma a su promesa electoral. Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que es Economía y Hacienda la que lidera las conversaciones con los representantes de los trabajadores. La convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) se producirá con la presentación de los presupuestos autonómicos.

En Canarias, su presidente, Fernando Clavijo, ya ha mantenido una reunión con el grupo Asamblea 7 islas. En aquel encuentro, el Gobierno de Canarias expresó a los trabajadores su intención de convocar una OPE cada dos años. “Es una voluntad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias establecer unos plazos de convocatorias, con el objetivo de que de manera regular se puedan celebrar las ofertas públicas con todas las categorías, de forma escalonada, para que no se produzcan embotellamientos”, según explican desde la consejería, que trabaja en la actualidad en la ampliación de plantilla. “Se está contemplando, diagnosticando y analizando la ampliación de personal necesario”, detallan.

La Comunidad Valenciana también se encuentra en una fase similar. El nuevo Gobierno ya ha contactado con las organizaciones sindicales con el objetivo de detectar cuáles son las carencias de profesionales.

Precisamente, la idea de convocatorias bianuales es algo que la semana pasada planteó el ministerio al Foro de la Profesión Médica. Sin embargo, a los profesionales no les convence esta idea, que tachan de “inconcreta”. A juicio del portavoz de los profesionales, Francisco Miralles, lo ideal es establecer un límite máximo con carácter obligatorio.

OPE en marcha

Los nuevos consejeros de Aragón y Andalucía, Sebastián Celaya y Aquilino Alonso, se han encontrado con sendos procesos de contratación en marcha. En el caso de la primera se da la circunstancia de que se ha producido un cambio de signo político en el Gobierno. Fuentes regionales han informado de que una vez que los nuevos enfermeros tomen posesión de sus plazas, la consejería de Sanidad estudiará una nueva convocatoria. En el caso de Andalucía, el próximo octubre comienzan los exámenes para cubrir las 3.282 plazas de la OPE correspondientes a 2014 y 2015. Al igual que Aragón, el Servicio Andaluz de Salud esperará a concluir esta convocatoria antes de dar nuevos pasos.

El nuevo consejero de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, se halla en una situación similar. Poco antes de la campaña electoral, su predecesor, Javier Maldonado, anunció la convocatoria de 575 plazas para personal sanitario especializado.

El Gobierno de Uxue Barkos tendrá que afrontar también un proceso de OPE ya abierto correspondiente a 2015 y 2016. El sindicato médico en esta comunidad autónoma ya ha expresado su esperanza de que el Ejecutivo convoque nuevas plazas una vez que se asiente, ya que en la actual oferta no están cubiertas todas las especialidades.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, planteó también la semana pasada en las Cortes una posición común sobre las bases del modelo sanitario de la comunidad que dé “tranquilidad y certidumbre” a los ciudadanos y a los profesionales. Sáez recordó las 1.000 plazas en oposición y otras 5.000 plazas en concurso en 2015. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud avisó de que convocará de manera inminente las oposiciones de Medicina de Familia con la voluntad de agilizar todos los procesos que derivan de las ofertas públicas de empleo de 2009, 2010 y la de 2015. La previsión es que en semanas se convoque el proceso para cubrir 501 plazas de médicos de familia, que se sumarán a las 554 de enfermería que ya han salido a oposición y de las que 389 son para el turno de acceso libre, 65 para personas con una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento y 100 plazas más para el turno de promoción interna.

1.000
Millones de euros

El actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se comprometió en la campaña electoral, a convocar una Oferta Pública de Empleo para 1.000 profesionales sanitarios. La promesa quedó incluso recogida en el acuerdo de gobierno con Podemos. En la actualidad, el Ejecutivo autonómico se encuentra negociando con los sindicatos. En esta misma situación se hallan otras comunidades autónomas como Extremadura, Comunidad Valenciana o Canarias. Otras, con procesos en marcha, se plantean más contrataciones.