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ASEGURAMIENTO/ Algunas regiones populares amplían los supuestos para que ningún paciente quede sin asistencia

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REDACCIÓN Madrid | viernes, 21 de septiembre de 2012 h |

Pese a haber recibido el aval del Consejo de Estado —en un dictamen donde reconoce que la norma “endurece” los requisitos para que los extranjeros accedan a la asistencia sanitaria— algunas comunidades populares continúan, si no desmarcándose de la ley, sí matizando algunos aspectos para asegurar que ningún paciente, con o sin papeles, se vea privado de la asistencia tras la aprobación del decreto que ha modificado la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Es el caso de la consejera de Sanidad cántabra, María José Sáenz de Buruaga, quien ha garantizado que los servicios sanitarios de su comunidad atenderán a todos los extranjeros sin tarjeta sanitaria que lo necesiten, tanto en centros de salud como hospitales, pues en caso de que acrediten carecer de recursos económicos, los costes correrán a cargo del sistema. Además, Cantabria ampliará la atención básica al tratamiento de enfermedades infecciosas, más allá de los menores, las embarazadas y las urgencias contempladas en el decreto nacional.

Sáenz de Buruaga ha explicado que en esta región se han dado de baja las tarjetas de 4.810 extranjeros en situación irregular —952 de ellos menores de 18 años, por lo que quedan cubiertos—, de los que un 30 por ciento procede de la Unión Europea, por lo que pueden solicitar la tarjeta en el país de origen para que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) se lo facture.

También el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha insistido en que ningún irregular quedará sin atención para lo que la Junta establecerá un sistema con “elementos añadidos” para atender a estos pacientes sin costes en los casos en que su patología pueda derivar en un problema de salud pública —como enfermedades infecciosas y contagiosas o VIH—, un “programa de protección” que incluirá la atención en centros de AP accediendo a las más de 200 pruebas diagnósticas —y sus tratamientos— que se realizan en este nivel.

Además, el consejero ha matizado que establecerán un procedimiento de remisión a especializada cuando haya riesgos vitales cercanos —insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal con necesidad de diálisis o tratamientos antineoplásicos— y, en general, podrán finalizar sus tratamientos todos aquellos que demuestren tres meses de empadronamiento. En cuanto a los que queden fuera de estos supuestos y necesiten atención, Sáez Aguado ha aclarado que se les facturará y se reclamará el pago a los países de la UE o a aquellos con los que España haya firmado un convenio, con independencia de las posibilidades de cobro que haya, pudiendo quedar la factura en el “cajón de los impagados”.

Incluso el titular de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha insistido en que serán “permeables” y, más allá de los supuestos recogidos en la ley, ninguna persona que necesite atención quedará desasistida, intentando aplacar así las críticas derivadas de la publicación de los precios que el servicio de salud regional (Sescam) aplicará a “terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a asistencia —como es el caso de los ‘sin papeles’—, en función de los días de estancia e intervención. El consejero cree que se ha utilizado en contra del Sescam una actualización que se publica todos los años y que no presenta nada novedoso ni adicional que vaya a dificultar la asistencia.