Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Aunque siguieron el ejemplo de Woody Allen de “toma el dinero y corre” y avalaron el pacto por la sostenibilidad que fraguó el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial, las comunidades autónomas han empezado a echar cuentas y a atisbar que la lluvia de millones prometida como un maná por el Gobierno va a quedar reducida a un simple calabobos este año. Como los números no les salen con el decreto, y la presión voraz del gasto les está poniendo contra las cuerdas y en serios aprietos ante sus presidentes y sus compañeros de Hacienda, varios consejeros de Sanidad están dando el paso que el departamento de Trinidad Jiménez no se atrevió a desplegar y se han puesto a explorar drásticas fórmulas de ahorro en el capítulo I, el de personal. La decisión del Gobierno Foral de Navarra de Miguel Sanz de bloquear por unos días los presupuestos de la Consejería de Salud de María Kutz para los profesionales es reveladora de por dónde van los tiros del control del gasto en los feudos autonómicos. Como lo es también, aunque tuvo menos eco mediático, una iniciativa similar adoptada semanas antes en Madrid, con una orden taxativa de vigilancia expresa de este capítulo lanzada por Beteta desde Hacienda hacia el departamento que entonces comandaba Juan José Güemes. La congelación de las sustituciones de los trabajadores y de los salarios son, por este orden, los focos en los que están empezando a poner sus miras las comunidades en su lucha por salvar a duras penas el complicado ejercicio presupuestario.
Como conclusión lógica cabe vaticinar la llegada de tiempos de revuelta sindical y de negociadores. De revuelta porque todo ahorro efectivo en Sanidad pasa, desgraciadamente, por tocar también el capítulo I, con la conflictividad que eso lleva aparejado. Y de negociadores porque en esta complicada tarea de cuadrar el círculo de la sostenibilidad con unos presupuestos mermados y un avance imparable de la crisis, sólo el temple, el diálogo, el pacto y el liderazgo serán capaces de frenar el estallido laboral de los hospitales y los centros de salud. En contra de los consejeros juega también el calendario electoral, pues la cercanía de los comicios municipales y autonómicos cargará con balas las armas de centrales sindicales, sociedades profesionales y grupos de presión. Al calor de la cercanía de las urnas volverán a surgir organizaciones que llevaban tiempo callados, como se ve en Baleares, en donde los sindicalistas se declaran incluso en huelga de hambre, o en Madrid, en donde ha irrumpido de nuevo, tras su anterior fracaso en la embestida contra Esperanza Aguirre, la denominada Plataforma 10 Minutos, con el principal cometido, una vez más, de atacar al Gobierno regional.
Las soluciones son difíciles y complejas. Alguien dirá que con el envejecimiento de la población y la creciente demanda asistencial, recortar en recursos humanos constituye simplemente un suicidio por parte de las autoridades sanitarias. Puede que sea cierto, pero cabe realizar movimientos en torno a bolsas de ineficiencia claramente mejorables. Los datos de las bajas laborales de Madrid sobre, por ejemplo, la incapacidad temporal (IT) son demoledores. Según los datos de la comunidad, cada trabajador que presta servicio en alguno de los 286 centros de salud o de los 28 hospitales públicos existentes permanece de baja por enfermedad una media de entre 20,88 y 21,84 días al año. El análisis de los datos indica además que de los más de 80.000 empleados que tiene a su cargo el Servicio Madrileño de Salud, 4.384 se encontrarían de baja todo el año. En total la consejería desembolsa por el pago del salario durante su tiempo de baja más de 126 millones de euros; además, destina a retribuir a los sustitutos de esos trabajadores otros 81,5 millones. La suma de ambas cantidades da 207,7 millones de euros al año. Parcelas como ésta indican que a las autoridades sanitarias les queda aún margen de maniobra para ahorrar costes sin incurrir en injusticias. Sólo falta que se decidan a actuar.
