| viernes, 10 de diciembre de 2010 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

La Comisión Delegada del Consejo Interterritorial se ha convertido, de unos meses a esta parte, en el termómetro perfecto para calibrar el estado real del desvertebrado Sistema Nacional de Salud (SNS) y el liderazgo efectivo del Ministerio de Sanidad a la hora de articular sus políticas. Ajenos a los focos mediáticos y con un perfil más cercano al del técnico esmerado y puntilloso que al del político deseoso de salir en la foto, los representantes allí reunidos elevan a puerta cerrada y sin luz ni taquígrafos el tono de los debates sobre los proyectos sanitarios de futuro y profundizan en áreas que el Pleno toca sólo días más tarde de forma superficial. Puede decirse que la balsa de aceite en la que se convirtió el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica con la pasada pandemia de gripe A y los célebres acuerdos de marzo de 2009 para el ahorro público en medicamentos empieza a desmontarse ahora por este órgano técnico-preparatorio, a la vista de las reuniones más recientes que ha celebrado. La última, del pasado jueves día 2 de diciembre, fue ilustrativa de los nuevos tiempos que corren al calor de una crisis económica asfixiante y de la sustitución de la conciliadora Trinidad Jiménez por la igualitaria Leire Pajín. También evidencia que a ninguna comunidad, aunque esté gobernada por el PSOE, le dolerán prendas a la hora de acometer como un ariete contra el Ministerio si detecta pulso endeble, tembleque o cortinas de humo en este departamento a la hora de recortar gastos o contribuir de forma eficiente a la tan cacareada sostenibilidad.

La mecha que prendió la pólvora en la última cita fueron los tres decretos de farmacia sobre prescripción enfermera, márgenes de productos sanitarios y deducciones de las boticas, y la resolución de la unidosis de medicamentos, ahondándose así una crisis abierta que ha derivado de unos meses a esta parte en la elaboración por parte de cinco autonomías y de una sexta en ciernes de normas unilaterales que bloquean la prescripción de algunos fármacos por parte de los médicos o impiden directamente la dispensación de determinadas marcas comerciales a los pacientes. El común denominador de todas las protestas, en cualquier caso, es la ausencia de ahorros tangibles en muchas de las medidas presentadas por el ministerio, la falta de una evaluación económica de su posible impacto para las arcas públicas, los defectos técnicos de elaboración del articulado o los gazapos de Sanidad a la hora de tramitar en los órganos preceptivos las normas expuestas, en una muestra de improvisación que dice mucho del nerviosismo que ha provodado en el ministerio la llegada de Pajín y la salida de Trinidad Jiménez. Queda claro ya que la nueva ministra quiere servirle en bandeja de plata a Zapatero piezas mediáticas que le aligeren de la carga de la crisis ante la opinión pública, aunque sea a base de acelerones desesperados.

Y, en el fondo, las autonomías tienen razón. A estas alturas, nadie se cree que la dispensación individualizada de medicamentos, por ejemplo vaya a generar un ahorro de 300 millones, como prometió el Ministerio en el Congreso de los Diputados, durante la primera intervención de Pajín ante la Comisión de Sanidad. Madrid, por ejemplo, lo cifra en 26 millones, mientras que Galicia lo reduce a tres. Ajenas también a los fuegos mediáticos de artificio, las autonomías del PSOE piden cuentas también, y explicaciones sobre los márgenes farmacéuticos y lamentan el alejamiento de la Administración central con respecto a sus problemas reales. Problemas que están llevando a retrasar los pagos a las boticas en media España por falta manifiesta de liquidez.