La incompetencia de las CC.AA. para cambiar una ley nacional es una de las causas
| 2009-11-27T17:12:00+01:00 h |

M.R.

Madrid

En plena campaña de vacunación contra la gripe A y la estacional y de atención a los contagiados por ambas, cuya prescripción están realizando las enfermeras, este colectivo puede volver a encontrarse en una situación de “inseguridad jurídica” también en Andalucía, la única región en la que se habían regulado sus funciones en la “indicación, uso y autorización” de fármacos gracias al decreto consensuado por médicos, enfermeros y Administración.

Ésta será la consecuencia de la suspensión cautelar de esta norma anunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —que ha admitido el recurso interpuesto por la Organización Médica Colegial (OMC)— según el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, Florentino Pérez Raya, quien ha anunciado que interpondrán un recurso de súplica ante dicho órgano junto a su Consejo General (CGE), al igual que lo hará la consejería de Salud, cuya titular, María Jesús Montero, ha señalado que, en caso de que éste no sea aceptado, aún cuentan con la posibilidad de elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Según el auto, “son tantos los alegatos de vicios de ilegalidad, seis, que no parece desproporcionado apreciar la medida cautelar interesada sin necesidad de profundizar en el fondo del asunto” y considera que “no ha quedado acreditado que exista un interés público que exija la inmediata ejecución de la nueva ordenación de la gestión asistencial”, un argumento que ha vuelto a destacar la Comisión de Prescripción de la OMC, insistiendo en que el rol del enfermero debe ser exclusivamente “colaborador” y reiterando que cualquier modificación normativa será ilegal si no cambia primero la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

Por su parte, tanto la consejera andaluza de Salud como el CGE han mostrado su sorpresa con esta decisión puesto que el decreto obtuvo el visto bueno del Consejo Consultivo y fue fruto del diálogo “constructivo” entre ambos colectivos, un consenso del que la propia OMC ha hecho gala en varias ocasiones. Para María Jesús Montero se trata de una “paradoja” y de un “grave problema de interlocución” entre los representantes andaluces y nacionales de los médicos que planteará una “gran incertidumbre” para el futuro. En el caso de los enfermeros, creen que esta suspensión cautelar no viene sino a recordar, aún más si cabe, la necesidad de que los partidos lleven a cabo un “ejercicio de responsabilidad política” dando plenas garantías de seguridad jurídica al colectivo a nivel nacional con la modificación de la Ley del Medicamento. Y es que la incompetencia de las CC.AA. para cambiar una ley nacional es uno de los puntos que más han podido convencer a la justicia a la hora de proceder a esta paralización.