ANDALUCÍA/ Montero rechaza el término “subasta” y habla de profundizar en la prescripción por principio activo dentro de un marco legal y regulado
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La cohesión del SNS no debe limitar la capacidad responsable de las CC.AA. para acometer medidas que busquen mayor eficiencia, señala
La consejera de Salud andaluza defiende la colegiación voluntaria en toda España porque “por ahí pasa la legitimación de los colegios”
José garcía
Madrid
La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, considera “una consecuencia lógica” y una “profundización” en sus políticas de prescripción por principio activo (PPA) —que han supuesto un ahorro a las arcas públicas de 1.000 millones de euros en diez años— su intención de adjudicar mediante concurso público el suministro de los principios activos a los laboratorios fabricantes que ofrezcan el precio más barato. Eso sí, “dentro de un marco regulado que permita seguir llevando a cabo políticas de competencia, competitividad y libre concurrencia, que el entorno empresarial tiene que desarrollar y la administración, garantizar”. Así lo reconoció Montero durante su participación en una tribuna organizada en Madrid por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
Prudente y parca en explicaciones ya que la medida aún se está negociando, la consejera confió en llegar a un acuerdo con los colegios de farmacéuticos que permita al sistema sanitario seguir teniendo retornos con las políticas de PPA. En este punto, recordó que el capítulo de farmacia supone el 25 por ciento del gasto sanitario. Aseguró que la medida es “legal” y de su competencia al tener “capacidad y responsabilidad para poder desarrollarlo”. En relación al uso racional del medicamento, insistió en que Andalucía siempre ha sido muy “rigurosa” y medidas, como la planteada, se apoyan en un articulado legal para su desarrollo. “La gran mayoría de autonomías están acometiendo medidas en esta materia, algunas de ellas más agresivas, y probablemente en un marco legal más discutible”, destacó Montero, que no cree que estas iniciativas sean un atentando contra la cohesión del SNS. “La cohesión no debe ser un elemento que limite la capacidad responsable que deben tener las comunidades autónomas para desarrollar propuestas que permitan buscar una mayor eficacia y eficiencia en el modelo”, dijo y añadió que es legítimo y exigible que las regiones desarrollen iniciativas en el marco legal establecido que les permitan contener el gasto en medicamentos, que en Andalucía alcanza los 2.500 millones de euros. Montero quiso desterrar el cliché de que sean “el ogro” para la industria y apostó por una “alianza estable” con las compañías que están invirtiendo en I+D+i, eso sí, siempre que haya reversión en el PIB andaluz.
Por otra parte, en pleno debate sobre la colegiación con la Ley de Servicios Profesionales que ultima el Gobierno, Montero se mostró partidaria de extender la colegiación voluntaria a toda España. “La legitimación de los colegios pasa por ahí”, dijo y advirtió que el garante del ejercicio profesional debe ser la administración, y los colegios pueden ser asesores.
Sobre el decreto de prescricpión enfermera, volvió a defender el desarrollado por la región, que, en su opinión, es un decreto “válido, consensuado con los colegios de médicos y enfermeros, avanzado, sencillo y que permite garantizar la calidad”. Además, marcó como condición sine qua non que pivote sobre una acreditación de competencias que tienen las autonomías, y, al hilo, anunció que el ministerio ha invitado a las regiones a volver a empezar con un nuevo decreto que tenga una mayor aceptación.
No al copago, sí a innovar
La consejera andaluza también rechazó mecanismos como el copago que “no han tenido capacidad de generar ingresos ni ha sido disuasorio”, y apostó por innovar a través de la gestión clínica, un modelo que en Andalucía ha permitido rediseñar la organización sanitaria, con cogestión, corresponsabilidad administrativa y estructuras matriciales definidas por la asimetría. Esto ha facilitado rentabilizar recursos y ser más eficientes evaluando e incentivando la consecución de objetivos.
Montero también destacó otras dos patas de la sostenibilidad. Por un lado, la innovación en relación con la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías y el reconocimiento de nuevos derechos como la libre elección, la muerte digna, el diagnóstico genético preimplantatorio o la segunda opinión médica, y por otro, la investigación biomédica, dotando a Andalucía de capacidad atractiva para invertir en España en este área gracias al amplio marco normativo o al establecimiento de centros de investigación en medicina regenerativa, genética y genómica y nanomedicina.
