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La aprobación del decreto ley de Medidas Urgentes Farmacéuticas para la subasta de medicamentos en Andalucía centró esta semana el debate del programa ¡Toma Medicina!, en el que Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PriceWaterhouseCoopers, y Juan Carlos Santé, profesor del IE Business School, analizaron las consecuencias que para el sector tendrá esta nueva iniciativa, cuya implementación se hará efectiva previsiblemente este mes de enero.
Para Riesgo, la nueva medida aprobada por la Junta andaluza, con la abstención del PP y el beneplácito de IU, tendrá efectos imprevisibles, ya que “rompe el equilibrio entre el Ministerio de Sanidad”, que hasta ahora se ocupaba de “la oferta”, y las Comunidad Autónomas, que se circunscribían a “la demanda”. Una idea compartida por García Gutiérrez, quien calificó la medida como “un verdadero palo para la industria farmacéutica” y lamentó que sólo se esté “buscando el precio más bajo y el mejor postor”.
Por su parte, Santé consideró que se trata de una medida centralizadora que “lleva la prescripción por principio activo al límite extremo” y que “limitará” el mercado “a dos o tres actores” principales. “Hay que preguntarse qué va a ocurrir con las redes de venta y distribución” de las compañías y, por tanto, su efecto sobre el empleo en la industria farmacéutica, explicó Santé.
En otro orden de cosas, respecto a la posibilidad de que el Gobierno desfinancie algunos grupos terapéuticos destinados a trastornos menores, los contertulios señalaron la necesidad de evitar que esta iniciativa desemboque en el deslizamiento de prescripciones si se hace solo en función de los precios de los medicamentos. No obstante, García Gutiérrez apuntó que de hacerse bien, y si la iniciativa se aplica en el cinco por ciento de los medicamentos financiados que se utilizan exclusivamente en síntomas menores, “el SNS se ahorraría 1.250 millones de euros anuales”. Asimismo, a lo largo del programa se abordó la reorganización de los cargos del Ministerio de Sanidad, en el cual se han suprimido el 25 por ciento de las direcciones generales, y el anuncio del Gobierno de que los próximos presupuestos sufrirán un recorte de 600 millones de euros en I+D+i y 409 en Sanidad.