M.R.
Madrid
Potenciar el trabajo coordinado y la autonomía profesional de los agentes implicados en la asistencia, incrementando además su participación en el gobierno de las instituciones sanitarias, es una de las medidas planteadas por los 13 expertos que han elaborado el ‘II Informe Vilardell’, un documento que ofrece propuestas dirigidas a ordenar la demanda asistencial para racionalizar el gasto sanitario en Cataluña.
Partiendo de la premisa de que el sistema necesita “más ingresos”, el informe defiende la “revisión de los actuales mecanismos de copago” para el uso de algunos servicios y prestaciones públicas, abriendo la puerta a la implementación de precios públicos y tasas —para servicios adicionales relacionados exclusivamente con el confort, por ejemplo— aunque los autores lo asocian a mejoras de eficiencia o a la provisión pública a precios regulados. De menos consenso gozan, sin embargo, otras medidas recogidas en el informe, como el análisis de la desgravación fiscal para pacientes que cuenten con una mutua privada de salud.
Pero más allá del polémico copago, el documento plantea como medidas de planificación en recursos humanos la creación de un observatorio de profesionales que estudie sus necesidades, una revisión del númerus clausus en las facultades de Medicina, un impulso al nuevo profesionalismo y un nuevo modelo retributivo en función de la responsabilidad, dedicación y cumplimiento de objetivos de cada trabajador.
Además, los expertos coinciden en la necesidad de establecer un sistema de remuneración transparente de los cargos directivos, vinculando éstos a unos indicadores de calidad, equidad y sostenibilidad que se gestionen de forma centralizada a través de un sistema de información unificado que también permita hacer un seguimiento de los resultados en salud, así como de la satisfacción ciudadana y profesional.
No se olvida el documento de hacer especial hincapié en el papel de los médicos de familia y los enfermeros como “líderes” de los flujos asistenciales, apostando por un despliegue “efectivo” del Plan de Innovación en atención primaria como “área central” del sistema público, “cohesionadora” de la gestión de procesos y “garantía” de la continuidad asistencial.
Actualizar la cartera de servicios a partir de criterios de evidencia sobre el coste-efectividad y evaluar en el mismo sentido los diferentes modelos de gestión de los centros sanitarios son otras de las medidas planteadas, además de incrementar los impuestos indirectos sobre el tabaco y el alcohol, revisar el IVA y el IBI sanitarios y dotar de mayor corresponsabilidad a las muttuas y aseguradoras. En cuanto al Consejo Interterritorial, los autores del informe piden una actualización de sus funciones, introduciendo mecanismos que den más protagonismo a las comunidades, aumentando la participación de éstas en la toma de desiciones y definiendo los temas susceptibles de ser acordados en este órgano, que consideran debe contar con más capacidad para adoptar decisiones vinculantes.
