“La ley antitabaco en España ha sido el mayor avance en salud pública de los últimos 20 años y merece el reconocimiento de la ministra que la hizo posible, en especial en tiempos de comportamientos poco ejemplares de muchos administradores públicos”. Con estas palabras José Ramón González, presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), quiere posicionarse de manera rotunda en contra de aquellos organismos públicos que están arremetiendo actualmente contra el endurecimiento de la ley antitabaco europea.
Según datos de la sociedad, el 50 por ciento de los fumadores fallece a causa del tabaco o por alguna enfermedad originada en relación con su consumo, cobrándose hasta 700.000 vidas al año en los 27 países de la Unión Europea. Además, la incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres veces mayor que en el resto de la población y la posibilidad de padecer una enfermedad de corazón es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados al día y al número de años en los que se mantiene este hábito nocivo. Por otro lado, aquellos fumadores que cesan del hábito tabáquico reducen la tasa de reinfarto y muerte súbita en un 20-50 por ciento y, tres años después de haberlo dejado, el riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular es el mismo que el de aquel que no ha fumado nunca.
La buena noticia es que las últimas medidas tomadas por el Gobierno al respecto, con la ley antitabaco (28/2005 y 42/2010), han ayudado mucho a reducir las tasas de fumadores en nuestro país, logrando un descenso del 26,4 al 24 por ciento desde 2006, según datos de un estudio del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Pero, a pesar de ello, “España se encuentra a la cabeza de los países de nuestro entorno en cuanto a niveles de tabaquismo se refiere, por lo que queda mucho que hacer en la lucha contra un reconocido asesino público que consume ingentes recursos económicos y al que parece que le salen defensores inesperados”, asegura González. Y es que el consumo de tabaco no solo perjudica la salud de la población fumadora y la de aquellos que les rodean, sino que también damnifica la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario en un momento en el que se están aplicando políticas de austeridad y de control del gasto. Concretamente, este hábito le cuesta anualmente a la Unión Europea más de medio billón de euros en costes sanitarios, pérdidas de productividad y de vida (25.000 millones solo en atención médica).
De ahí que la Comisión Europea, con el fin de mejorar la salud de la ciudadanía, pretenda mejorar la Directiva de Productos del tabaco con nuevas medidas que establezcan normas para la fabricación, la presentación y la venta de dichos productos que ahuyenten a los jóvenes de este vicio y dificulten su adicción al mismo, pero algunos poderes públicos están mostrando ya su rechazo a este plan, anteponiendo sus intereses particulares. “Existen razones éticas que hacen injustificable la oposición a que se adopten medidas que mejoren la salud de la población y especialmente de medidas que salvan vidas. Ni siquiera las razones económicas son sólidas, pues los gastos que generan las enfermedades producidas por el tabaco son superiores a los hipotéticos beneficios económicos”, apunta Vicente Bertomeu, presidente de la SEC. “Desde la Sociedad Española de Cardiología consideramos que los intereses particulares de estos colectivos no representan a los intereses de la comunidad ni del país”, concluye Bertomeu.
