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Nunca estuvo cerca, pero tampoco tan lejos. La validación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad de la atención sanitaria aleja hasta el infinito el Pacto por la Sanidad, evidenciando una brecha cada vez más insalvable entre el gobierno y la oposición. La mayoría absoluta del Partido Popular, suficiente para sacar adelante la reforma estructural defendida por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, no logró ocultar la soledad política del partido en el gobierno en este punto.
Con la excepción de UPN, la oposición en pleno se ha resistido a respaldar lo que consideran un cambio de modelo en toda regla. 178 votos a favor, 138 votos en contra de validar ante la cámara el RDL 16/2012, ninguna abstención. Cifras que casi se dan la vuelta, aunque no exactamente, a la hora de votar la propuesta de tramitar el texto como un proyecto de ley, la condición expresada por los grupos parlamentarios en la última Comisión de Sanidad del Congreso para no dar por zanjado el conato de pacto de la ministra (ver GM, nº 421).
En los dos días de pleno Ana Mato ha reiterado su apuesta por un acuerdo “más necesario que nunca”. Incluso tras el acalorado debate previo a la validación del real decreto ley, apenas dos horas y media de discusión extenuante por el esfuerzo de síntesis exigido para un asunto de tal magnitud, según las quejas de varios portavoces, Mato zanjó el tema agradeciendo a los participantes sus aportaciones y repitiendo su mantra: “seguiré trabajando en un pacto por la sanidad para todos los ciudadanos”.
Aún así, como en la votación, el PP se queda casi solo en el empeño. A los grupos de la oposición ya no les bastan las palabras. El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, se niega a ser “convidado de piedra” en la subcomisión del pacto, tal y como afirmó un día antes de la votación en el hemiciclo. En el debate final fue si cabe más duro: “No tiene derecho a hablar de pacto de estado con la agenda cerrada en temas clave como el derecho a la atención sanitaria y la accesibilidad. Resulta hipócrita y falso”, aseguró.
Grupo de expertos
Además, Llamazares también llamó la atención sobre una novedad introducida en el discurso de la ministra de cara a la validación del texto. Y es que Mato expuso el contenido del real decreto como fruto del acuerdo político con las comunidades autónomas y un primer paso hacia el pacto sanitario, y planteó como el siguiente reto la elaboración de una ley de servicios básicos como colofón del acuerdo, añadiendo en el camino la participación de grupos de expertos. Pero el portavoz de Izquierda Plural insiste en que no aceptará “ni pactos trampa ni lecciones de Fedea”, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
El discurso del portavoz del Grupo Socialista no fue menos duro. José Martínez-Olmos fue drástico: “Respete a la cámara y no hable de pacto”. El socialista incidió en que la falta de cobertura de los inmigrantes va contra la salud de los propios españoles y cruza la línea roja: “Demuestra su incompetencia como autoridad, incluso los profesionales se han declarado insumisos”, aseveró.
Para los socialistas, las medidas recogidas por el real decreto ley “asustan a los ciudadanos y no calman a los mercados”, puntualizó, antes de desplegar ante el estrado una batería de medicamentos para explicar, con un caso práctico, las consecuencias de la revisión del copago farmacéutico en “María”, una jubilada polimedicada a la que “expropiarán”, según Martínez-Olmos, el 8 por ciento del precio de sus medicinas.
Los grupos políticos centraron sus críticas en el cambio de modelo de aseguramiento, que no es nuevo, según Ana Mato, y en las dificultades e injusticias que acarreará la exclusión de la cobertura sanitaria de los inmigrantes sin papeles, pese a la insistencia de la ministra en que ninguna persona en territorio español quedará desasistida.
Visto de otra forma, el contenido del real decreto sí ha permitido acercar posiciones a pacientes, profesionales y grupos políticos, con la excepción del Partido Popular, pero en su contra, aseguró otra de las portavoces, Olaya Fernández Dávila, del Bloque Nacionalista Galego, que al igual que el resto de portavoces nacionalistas aludió al posible conflicto de competencias. “Habrá que ver si el real decreto supera el techo de la constitucionalidad”, advirtió también Emilio Olabarri, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que se quejó de las circunstancias del debate y alertó de que el modelo sanitario “no se puede reformar con la astenia de los diputados”.
En este clima de tensión y crispación, en el que no faltaron acusaciones de todo tipo —incluso la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, se quejó del supuesto tono ‘machista’ del discurso de Martínez-Olmos, lo que desencadenó una oleada de reacciones que desvió el debate del fondo del asunto durante más minutos de los deseados—, la mayoría absoluta del PP dio luz verde a un RDL 16/2012 corregido el martes de la misma semana.
PSOE e IU aseguraron que las rectificaciones, un total de 73, según Llamazares, confirman que el texto es una auténtica “chapuza jurídica”, denunció Martínez-Olmos. No en vano, las rectificaciones modifican aspectos sustanciales en varios puntos.
La corrección de errores da un año más a las comunidades autónomas para integrar a funcionarios y médicos de cupo y zona en el marco estatutario, sin perjuicio de “derechos consolidados” todavía por definir. También aclara la exclusión del copago farmacéutico de los medicamentos de uso hospitalario, en la medida que matiza que será aplicado a fármacos con receta médica, dejando fuera a los que se proporcionan con orden de dispensación.
En materia farmacéutica, las correcciones abren la puerta a la aplicación nacional del catálogo gallego. Los farmacéuticos dispensarán “el del precio más bajo”, en lugar del de “menor precio”. Matices difíciles de apreciar para los profanos, pero que aluden al “precio menor” una de las variables del sistema de precios de referencia, e incentiva las rebajas de los precios por debajo de ese umbral en una especie de puja a la baja.
En España apenas ha habido colectivo relacionado con la sanidad que no haya rechazado el decreto de la reforma sanitaria. Dos días antes de su convalidación, el rechazo también traspasó las fronteras. La Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés), organización a la que pertenece Fundamed, lanzó un comunicado muy crítico con una legislación que, según dice, “no beneficia a nadie”.
La Alianza cree que las medidas previstas significan el abandono de amplios sectores de población que no pueden permitirse pagar seguros privados de salud. “La ley está claramente diseñada para reducir costes dentro del sistema sanitario español. Sin embargo, poner el foco en los inmigrantes y en grupos vulnerables como ha hecho Roma es una falsa economía”, asegura la EPHA, que también recomendó a los políticos españoles que se lo pensaran seriamente antes de “firmar la renuncia a años de solidaridad y universalidad en favor de la exclusión y el castigo”.
No es la única crítica que los recortes sanitarios han recibido en el exterior. Poco después de conocerse el alcance de la reforma del SNS, el semanal médico británico The Lancet advirtió que podría generar “problemas humanitarios”.
Para los grupos de la oposición, el texto recoge con claridad un cambio de modelo
Los portavoces lamentaron la fugacidad del debate para un tema de gran impacto social