juan pablo ramírez Madrid | viernes, 16 de octubre de 2015 h |

La última modificación del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, reconoció por fin la figura del profesional sanitario como autoridad pública, pero también ha generado incertidumbre. La principal causa de esta desconfianza es la eliminación de las faltas junto a la introducción de la imprudencia menos grave, entre la grave y la leve. “Parece que el legislador ha querido suprimir las faltas, pero no las suprime”, explicó Eduardo Torres Dulces, ex fiscal general del Estado en el taller de trabajo organizado por AMA ‘Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios tras la reforma del código penal’ durante el Congreso Nacional de Derecho Sanitario la semana pasada.

La determinación ahora de qué se puede considerar o no imprudencia menos grave dependerá de los tribunales de justicia. “Será la jurisprudencia la que deberá adecuar este concepto perturbador”, subrayó Torres Dulce.

Pero no solo el fiscal general del Estado cargó contra la reforma del Código Penal, también los hicieron los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza y Antonio del Moral, que coinciden en la “inseguridad jurídica” que provoca el texto en el medico. Maza subrayó que las consecuencias de medidas de estas características podrían suponer diferentes riesgos como “la medicina defensiva, que los médicos abandonen la clínica para dedicarse a la investigación o que las especialidades que no avancen por miedo”. Ante esta situación de incertidumbre, Maza puntualiza que las sentencias del Tribunal Supremo “han sido enormemente comprensiva y se ha adaptado a las características especiales de la imprudencia médica”, añadió.

Maza entiende que, a expensas de como vayan solventando cada caso los tribunales de justicia, las cuestiones más leves sí quedan despenalizadas con esta modificación .

Elevada litigiosidad

Pero la lectura puede ser diferente. El catedrático de Derecho Penal, Miguel Bajo, se muestra más optimista. Entiende que el objetivo del legislador es “reducir la elevada litigiosidad” en los tribunales. Considera que en estas circunstancias, “el riesgo de que las imprudencias leves pasasen a considerarse delito es inexistente” y que finalmente se “trasladarán al ámbito civil”.

La subdirectora general y directora del Ramo de Responsabilidad Civil de AMA, Raquel Murillo, mostró sus dudas de que con la modificación vaya a lograr este fin. En la actualidad, Seis de cada diez reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios se hacen por vía penal, pero solo tres de cada cien acaban con una sentencia condenatoria. Ante esta situación, Murillo defiende que “la mayoría de reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios no deberían ser penales”.

Otro de los problemas que surgen son las consecuencias que podrían tener para los profesionales. Si finalmente la jurisprudencia aplica el término menos grave para las imprudencias leves, el médico podría verse perjudicado. La condena sería mayor y supondría antecedentes penales para el profesional. “Un juez instructor puede admitir una denuncia penal, que al final se archivará o se considerará mera falta, pero mientras tanto hay un coste tremendo en términos de victimización procesal que el profesional sufre durante dos o tres años”, subrayó el jurista.

Una de las soluciones a esta situación es la mediación, una vía que ya está intentado implementar la mayoría de los colegios profesionales. Tanto Maza como Bajo insistieron en que debería favorecerse esta senda. Torres Dulce no compartió esta opinión: “Creo que va a ser más difícil la conformidad”, aunque dependerá otra vez de cómo se defina el concepto menos grave.

Profesional como autoridad pública

Pero la introducción de esta categoría no es la única polémica. Ya en marzo, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, mostraba su disgusto por la decisión de considerar al médico de centros privados como autoridad. Esta situación genera una duda adicional: qué tratamiento recibirá el médico que trabaje en un centro público de gestión privada. Del Moral explica que el legislador sólo ha entendido como autoridad al funcionario civil. Rodríguez Sendín mostró también su malestar por la desaparición de las injurias hacia el profesional sanitario como delito .

Otra novedad que aporta el texto es la consideración que realiza del intrusismo, que pasa de ser falta a delito, como explicó en su intervención Del Moral.