La Red de Agencias de Evaluación, una amenaza para el acceso a la innovación o una oportunidad

Inmerso en el proceso de definición de cuáles serán las reglas del juego de esta estructura, el Ministerio de Sanidad ya dispone de las claves necesarias para evitar que tales amenazas se materialicen y terminen por generar barreras de acceso que pueden condicionar la imagen del Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro y fuera de España. Las claves las ofrecieron los asistentes a la jornada “El papel de las Agencias de Evaluación Tecnológica Sanitaria tras el RDL”, organizada el pasado 1 de octubre por el Grupo Contenidos.

Se han creado ya cinco grupos de trabajo que pretenden ahondar sobre el formato de los informes de evaluación de tecnologías; el formato de los informes sobre evaluación de tecnologías de Farmacia; el formulario de solicitud de informes; el procedimiento común de la gestión de la revisión externa (solicitud y declaración de intereses) y sobre procedimientos comunes de trabajo. Aparentemente, ninguno de ellos daría respuesta al que, según José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, es el gran riesgo de la iniciativa: que la dificultad de disponer recursos retrase la incorporación de prestaciones o incluso plantee la exclusión de alguna. Asimismo, añadió que en este momento hay una sensación por parte de compañías de que “es la situación económica” la que está reordenando la cartera.

Erradicar las dudas del sector pasa también por otro punto que aún no está claro: cuál será el carácter de los informes de evaluación. La posibilidad de que no sean vinculantes suponen un varapalo para el objetivo de predictibilidad que demanda el sector farmacéutico. García aseguró que la toma de decisiones se hará a través de la Red de Prestaciones, aunque matizó que a la hora de definir un manual metodológico común, se estudiarán todos los interrogantes que se planteen.

Esos trabajos implicarán también mirar lo que se está haciendo fuera de España, una necesidad en la que Martínez Olmos está de acuerdo. Para que la red sea una oportunidad, conviene que sus reglas del juego “no sean distintas a las del resto de Europa”. Al mismo tiempo, el ex secretario general de Sanidad apuesta por trasladar el debate a todas las sociedades científicas y profesionales, con un acento especial en la formación de quienes tendrán que aplicar en la práctica clínica las decisiones de la red y en la necesidad de buscar un cambio en la manera de financiar las decisiones, que al mismo tiempo debe estar sometido a una evaluación continua: “Dado que la crisis condiciona las decisiones, seguir con esquemas del pasado generará desigualdades por razones económicas”, aseguró.

Indefinición e incertidumbre son las palabras. Y no hemos prosperado absolutamente nada. Sí que hay una Red, que es un avance, pero no es suficiente. Las barreras más importantes son de indefinición política en los más altos niveles políticos”, señaló Pedro Serrano, director de la Agencia de Evaluación del Servicio Canario de Salud. Con él coincidieron el economista Jaume Puig-Junoy y Olga Espallardo, directora de Health Economics, Services & Po-licies de Johnson & Johnson, que pidió que un compromiso político doble, que por un lado otorgue un peso vinculante, “o al menos en un porcentaje razonable” que permita a las empresas preparar la información sobre sus productos, y por otro establezca una diferencia entre el sector de la tecnología sanitaria y los medicamentos.

La búsqueda de modelos para incorporar tecnologías no es exclusiva de España. La mayoría de los países investigan en ello, máxime en un contexto de crisis. “Aquí el RDL siempre incluye la coletilla de productos sanitarios, y reivindicamos las diferencias dentro del sector como para hacer una simple transposición tal y como la que se plantea para productos farmacéuticos”, indicó Espallardo.

A su juicio, la asimilación de igualdad a este puede conllevar “problemas estratégicos para la Sanidad y para el mismo sector”, por lo que pidió que las diferencias se tengan en cuenta para establecer cualquier sistema o modelo de financiación. Asimismo, indicó que a la hora de evaluar la tecnología no solo se estudie el gasto que supone, sino también los beneficios para la salud obtenidos.

Tras la barrera política vienen todas las demás: administrativas, presupuestarias, culturales, financieras, técnico-metodológicas, de acceso a la información y de formación para la interpretación de los datos. Sobre algunas de ellas hizo énfasis José Francisco Soto, director gerente del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, al cuestionar si la eficiencia puede interpretarse hoy como algo positivo para las organizaciones.

A su juicio, la búsqueda de la eficiencia se acepta como discurso, pero no como valor de manera colectiva. “Está bien que se ajusten los gastos de las administraciones públicas y se disminuyan los gastos improductivos, pero que no me toquen a mí como empleado de la función pública. Está bien que quien más tenga más pague, pero en mi tramo no. Nadie sale a defender a la calle la racionalidad económica si le afecta a él”, dijo.

En esta línea, también abogó por incorporar los costes a la terminología del gasto. “Sabemos lo que pagamos, pero gasto y coste no son lo mismo. Solo si introducimos los costes hablaremos de eficiencia y podremos utilizar análisis de coste-beneficio”, indicó.

La idea de coste beneficio es, para Jaume Puig-Junoy, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y Resultados en Investigación, “poner sentido común y orden”. A su juicio, “estamos en una situación absolutamente crítica de las finanzas públicas” y para que la Red de Agencias sea productiva es necesario definir su organización y funcionamiento. El camino hecho en la última década por las cuatro agencias referentes en Europa que ofrecen ocho puntos son un buen guión para empezar.

Hasta ahora, España ha gastado mucho en evaluación, pese a ser uno de los países que menos ha utilizado esta herramienta en la toma de decisiones. Entre 2000 y 2005 hizo 186 informes, más que países como Suecia, Francia, Holanda o Australia, en los que el uso de la evaluación económica en las decisiones públicas ha hecho un largo recorrido.