Llegó el día D para el Sistema Nacional de Salud. La promesa reiterada de una sanidad pública, universal y gratuita pasa su prueba de fuego en el Consejo Interterritorial de esta semana, en el que Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas deben definir, por fin, y enseñar sus cartas para presentar las reformas necesarias con el objetivo de recortar los 7.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno. Y no habrá marcha atrás, porque en la tarea de tranquilizar a los mercados el tiempo apremia: fuentes del Ministerio de Sanidad aseguraron a este periódico que el real decreto-ley fruto del Interterritorial podrían aprobarse este mismo viernes.
La gran pregunta, la de cómo hacerlo para mantener esos adjetivos que caracterizan el SNS, indica que podríamos estar a las puertas de otro recorte sin precedentes para el sector farmacéutico. La ministra Ana Mato fue casi la única que la semana pasada no se había pronunciado públicamente acerca de cómo acometer semejante ajuste. Los que sí hablaron, aunque luego fueron desmentidos, apuntaron a las mismas partidas que ya han sido objeto de ajustes anteriores: recursos humanos y gasto farmacéutico.
Pero las cifras que hay que alcanzar son tan descomunales, que podrían hacer palidecer los efectos de los tres ‘decretazos’ que aún pesan sobre el sector. Según los cálculos de este periódico, contrastados con otras estimaciones que la semana pasada manejaban algunos agentes de la cadena del medicamento, podríamos estar ante un hachazo monumental, cifrado entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros.
¿Farmacia o personal?
Descubrir el secreto de los ajustes debe pasar, por fuerza, por analizar los recursos que el Sistema Nacional de Salud emplea en cada partida de gasto. El análisis de la clasificación económico-presupuestaria refleja que la remuneración del personal sanitario se come el 43,3 por ciento de la tarta del gasto, por lo que debería ser uno de los focos de actuación. La clasificación funcional indica, por otro lado, que los servicios hospitalarios suponen el 55,5 por ciento del gasto; y que Farmacia, como segunda partida en peso sobre el gasto total, supone el 19,1 por ciento. Precisamente esta partida es otra de las candidatas al recorte porque sus efectos se notan inmediatamente.
Del 19,1 al 22,1
Como tal, esta gráfica desmiente claramente las declaraciones de dirigentes políticos de distinto signo, que la semana pasada continuaban insistiendo en que el gasto en medicamentos supone el 25 por ciento de la factura sanitaria, y que sería necesario situarlo en el entorno de la media europea, situada diez puntos por debajo, en el 15 por ciento.
No deja de ser menos cierto que, si se está hablando de recortar 7.000 millones de euros de gasto sanitario, forzosamente el porcentaje del gasto farmacéutico sobre el total tiene que aumentar. Descontando ese ahorro sobre el presupuesto sanitario que se manejó el año pasado, la factura global quedaría en algo más de 50.000 millones de euros. Y el mismo gasto farmacéutico de 2011 no supondría ya el 19,1 de la factura, sino el 22,1.
Si esta es la hipótesis que están manejando los gestores, y la idea sigue siendo bajar el peso del gasto farmacéutico hasta el 15 por ciento, la resta es clara: hay que dejar el gasto de 11.136 millones que se acumuló en 2011 en algo más de 7.500 millones. Es decir, hay que recortar aproximadamente 3.500 millones del gasto farmacéutico. Esta hipótesis podría quedarse corta si se cumplen las peores expectativas que la semana pasada manejaban algunos agentes del sector, y que situaban el recorte farmacéutico en el entorno de los 4.000 millones de euros.
Medidas a la luz
Una vez acotados los datos, la cuestión de las medidas a adoptar suma nuevos riesgos, porque siempre caben sorpresas más allá de lo que hasta ahora se conoce o se da por seguro: una reforma de la cartera de servicios; medidas firmes contra el turismo sanitario; el establecimiento de compras centralizadas para las adquisiciones hospitalarias; la modificación del copago farmacéutico actual a uno por renta o con un euro por receta así como un ‘medicamentazo’ a un número indeterminado de grupos terapéuticos, aunque previsiblemente mayor que los tres que pedía Anefp.
La sorpresa, según ha podido saber este periódico, podría llegar al sector en forma de nuevas bajadas de precios y reducciones de márgenes para los agentes, así como el establecimiento de un sistema de precios de referencia por equivalentes terapéuticos con un copago evitable.
Cuando se habla de gasto farmacéutico hay algunas partidas que no se ven, pero reducen significativamente la cuantía real para la administración del gasto farmacéutico. Eso sí, como no son finalistas ni se reducen de las cifras de gasto de la factura mensual por recetas, como sí ocurre con las deducciones a la farmacia o los copagos, no son visibles. Un ejemplo de esto es la tasa que regula las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías.
A consecuencia de esta tasa, que grava con una cuantía equivalente al 2 por ciento de las ventas al Sistema Nacional de Salud, la actividad de la industria, durante los últimos tres años ha permitido que las administraciones públicas ingresaran una cuantía superior a los 700 millones al año, lo que supone más de 220 millones, por ejemplo en 2011.
Esta cuantía, a la que habría que descontar la minoración establecida en el Plan Profarma, pasa desapercibida siempre que se analiza el comportamiento del gasto en medicamentos ya que se destina, teóricamente, a actividades de investigación y formación continuada de profesionales, pero queda excluida del ámbito de la prestación farmacéutica.
