Los nuevos gobiernos autonómicos no han contemplado la transferencia de la sanidad penitenciara —actualmente dependiente del Ministerio del Interior— entre sus objetivos de futuro y, posiblemente, el contexto de recesión económica les haga más reticentes a adoptar una medida recogida en la Ley de Cohesión y Calidad de 2003. El presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Antonio López Burgos, ha explicado así a GM su preocupación ante una crisis que puede retrasar aún más la demandada integración de estos servicios y sus profesionales en los sistemas autonómicos de salud.
Hasta ahora, el traspaso sólo se ha completado en Cataluña y País Vasco, sin que la SESP tenga constancia de que vayan a devolver esta competencia ni de que se hayan iniciado las negociaciones en ninguna otra región —aunque la gallega sí ha expuesto al menos su intención de reclamarlo—, por lo que esta entidad teme que se produzca una “doble discriminación” de los pacientes de las prisiones, pues los de estas comunidades tendrán un mejor acceso a la sanidad pública y a los programas desarrollados específicamente por equipos pertenecientes a las consejerías de salud que van destinados a la población, mientras que los profesionales, contarán con mejores medios y herramientas para la atención de los internos. Por ello, López Burgos reclama a las administraciones autonómicas y central “voluntad política” para sumar esfuerzos y desbloquear esta situación de “desigualdad”.
