La rebaja retributiva vuelve a penalizar a los médicos

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Apenas queda alguna región en la que sus gestores sanitarios no hayan metido a fondo la tijera y todo apunta a que seguirán haciéndolo en el futuro inmediato, siendo los médicos los más perjudicados por la progresividad de los recortes, la reducción y congelación salarial, el aumento de la jornada, la reducción de guardias y el recorte de los complementos de carrera profesional y otras variables, además de
la penalización económica por ponerse enfermos.

Según el sindicato CESM, los facultativos se sienten los “chivos expiatorios” de la crisis de las finanzas públicas y prueba de ello son las nuevas rebajas retributivas anunciadas en Cataluña y Andalucía. En la primera, la Generalitat ha aprobado un nuevo plan de ajuste —el tercero en un año y cuatro meses— que implica una nueva reducción presupuestaria de 1.500 millones de euros. Aunque el consejero de Salud, Boi Ruiz, ha garantizado que no afectará a los salarios del personal sanitario ni a las plantillas y tampoco aumentará las listas de espera ni el tiempo de demora, lo cierto es que una de las medidas incluidas fija la reducción del 5 por ciento de los complementos salariales de los empleados públicos.

En el caso andaluz, las nuevas medidas aprobadas por la Junta hacen caer de nuevo sobre los sanitarios la mayor parte del peso de los recortes, que supondrán una media del 5 por ciento menos en la nómina de los funcionarios, la eliminación de los complementos adicionales en la paga de junio y diciembre, la rebaja de un 10 por ciento de las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable, el aumento de la jornada laboral en dos horas y media y la cancelación de las ofertas de empleo público hasta 2015. Por ello, el sindicato médico ya ha alertado de que convocará cuantas acciones sean precisas para que la Junta de marcha atrás a esta nueva “merma” laboral y el sindicato enfermero Satse ha advertido de una respuesta “contundente” con la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones —respaldando la huelga general que la central está promoviendo a nivel nacional y a la que ha invitado a sumarse al resto de sindicatos.

El malestar y las acciones de protesta también continúan en otras regiones como Murcia, donde los médicos de atención primaria han recordado que no están obligados a atender a pacientes de otros compañeros —salvo en casos urgentes— como respuesta a la reducción de la prima por esta labor —de 3.000 a 500 euros— contemplada en el Plan de Reequilibrio Financiero de la comunidad, una compensación que respondía a la escasez de profesionales pero que ahora podría evitarse contratando a médicos desempleados, según el sindicato médico. Estos se sienten especialmente molestos con la aplicación de la nueva jornada laboral en los hospitales, pues según el decreto se realizaría los sábados pero la resolución firmada por la gerencia abre la puerta a que se haga por las tardes.

También continúan con las movilizaciones —una manifestación el 31 de mayo y concentraciones en los centros de trabajo todos los jueves, sin descartar una futura huelga— los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa General de la Función Pública valenciana —en la que está presente Cemsatse— para pedir la retirada total del decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit en la región, tras el “rotundo éxito” del referéndum celebrado la semana pasada, donde un 96 por ciento de los empleados públicos rechazaron la propuesta en materia de personal para el ejercicio 2012-2015 que supedita la recuperación de parte de los derechos suspendidos —las retribuciones de carrera profesional o el acceso a ella de nuevos miembros— a que los ingresos de Hacienda evolucionen positivamente.

Más conciliadora, la consejería madrileña ha aceptado seguir pagando el sueldo completo en los tres primeros días de baja por enfermedad a los 65.000 funcionarios estatutarios y, en la próxima reunión de la mesa sectorial, abordará las bases de la convocatoria de oposiciones correspondiente a 2009, que estaba publicada pero no desarrollada y que convertirá en fijas cerca de 2.000 plazas que hasta ahora estaban cubiertas por personal interino.