SERGIO ALONSO,
Redactor jefe
de La Razón
| viernes, 28 de febrero de 2014 h |

Al margen de Ana Mato, el ministro de este Gobierno que posiblemente ha tenido más sensibilidad hacia el sector sanitario en lo que llevamos de legislatura es Cristóbal Montoro. Y no sólo por rescatar a farmacias como las catalanas, a las que la Generalitat ha llegado a empujar casi hasta la quiebra, sino por activar varios planes de proveedores que han sido fundamentales para que los agentes del sector prosigan su actividad económica y no hayan hecho las maletas en busca de otras latitudes más solventes y fiables. La última actuación del ministro de Hacienda que va a suponer un balón de oxígeno de incalculables dimensiones para la Sanidad española y todo su entorno se enmarca en la segunda fase del tercer y último mecanismo del plan de pago a proveedores. Con los 8.065 millones de euros que incorpora, se habrán inyectado ya en las Administraciones Públicas un total de 42.000 millones de euros durante los últimos años, el dinero suficiente para saldar las deudas con alrededor de 230.000 proveedores, muchos de ellos pertenecientes al ámbito de la salud, y poner con ellos el marcador a cero.

Pero más allá de este nuevo manguerazo de liquidez imprescindible para mantener la actividad económica, conviene resaltar un conjunto de iniciativas legislativas que lo acompañan y que serán vitales para el devenir de todos los operadores que interactúan comercialmente con el Sistema Nacional de Salud y le proveen de productos y servicios esenciales. Clave, por no decir vital, resultará la Ley Orgánica de control de la Deuda comercial en el sector público, o la Ley de Factura electrónica. Con ambas normas, será difícil que las administraciones vuelvan a caer en la trampa de la morosidad para abonar con el dinero impagado otros servicios ajenos a la Sanidad. La trascendencia del cambio normativo es tal, que a partir de ahora serán públicos, por ejemplo, tanto la fecha de expedición de las facturas por parte de los proveedores, como el plazo medio de pago de las mismas por parte del sector público.

Las novedades legislativas que acompañarán al plan de pago incorporan además otros mecanismos interesantes para garantizar la satisfacción de las facturas. El Estado se reserva, por ejemplo, la potestad de retener recursos derivados de la participación en los tributos para castigar al incumplidor, lo que desincentivará prácticas como la de las facturas en los cajones, utilizadas frecuentemente para diferir pagos y cuadrar de forma artificial el objetivo de déficit. El enfoque y objetivo final de éstas y otras actuaciones diseñadas por Hacienda es lograr que la Administración cumpla con la normativa sobre morosidad traspuesta, y lograr que abonen los productos adquiridos y los servicios contratados en un plazo máximo de 30 días. De ahí al uso racional de los recursos públicos para lograrlo va un paso.

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w ¿Qué gabinete jurídico de un conocido sindicato rechazó actuar contra la externalización en Madrid porque, a su juicio, se trataba sólo de una guerra política y no profesional?