SERGIO ALONSO,
Redactor jefe
de La Razón
| viernes, 07 de marzo de 2014 h |

La sombra de algunas organizaciones médicas sigue siendo muy alargada en el Ministerio de Sanidad. De lo contrario, no se explica el retraso que está experimentando la norma que autorizará a nivel estatal la llamada prescripción enfermera en España. A pesar de que el nuevo redactado de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos sanitarios obligaba en 2009 a aprobar en el plazo de un año un real decreto con las nuevas competencias enfermeras, el texto sigue sin ver la luz, aunque, todo sea dicho, el departamento de Ana Mato parece haberse puesto las pilas y ya ha confeccionado un texto que se encuentra en fase de consultas y que debería enviarse pronto al Consejo de Estado para su aplicación final en España.

Vaya por delante que en un primer momento me posicioné en contra de la medida. Analizándola como tal, no es extraño ver tras ella un proceso creciente de pérdida de competencias por parte de los médicos que se ha visto ratificado últimamente con los múltiples obstáculos a la prescripción que están desarrollando la mayor parte de los servicios de salud en nuestro país. Una pérdida de poder más achacable a la tibia y muchas veces ignota labor de sus representantes, que a problemas atribuibles a los propios médicos. Dicho esto, entiendo también las razones enfermeras. En España, la participación de estos últimos profesionales en la administración de medicamentos constituye una constante que, de forma inexplicable, no está regulada, algo que sí ocurre en el resto de los países europeos. El limbo legal impide dar cobertura jurídica a actos cotidianos en la sanidad, lo que genera una gran indefensión para sus protagonistas. No es inusual encontrar en hospitales de todo el país a enfermeras que administran calmantes a pacientes quirúrgicos, aplican cremas con antibióticos o apósitos medicamentosos a enfermos con heridas, regulan los fármacos a pacientes crónicos como los diabéticos o los anticoagulados, administran vacunas, aplican oxitocina a las parturientas o dispensan, por poner un último ejemplo, paracetamol a los aquejados de gripe. Cada vez que una enfermera realiza un acto de este tipo, y son muy frecuentes las ocasiones en que lo hacen, se exponen a una denuncia por intrusismo profesional. En principio, los seguros de responsabilidad civil y penal la protegerían, porque constituye una exigencia de los gestores aunque no haya una norma que dé amparo a tales actos.

Por esto y por muchas más cosas, urge ya a que Sanidad legisle sobre el tema y no dilate en el tiempo la aprobación del real decreto, conformando un esquema de acreditación profesional en la materia como el que rige en la UE. Tienen razón los médicos cuando se quejan de la pérdida de poder en sus consultas, pero la prescripción enfermera es una reivindicación justa que no debe distraerles en la batalla que mantienen con las administraciones.

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