Aunque atraviesa por una situación crítica, y cualquier ahorro logrado es poco para afrontar la balumba de gasto que se le viene encima, la Sanidad está saliendo indemne del proceso de recorte de entes públicos y reducción administrativa que el Gobierno ha empezado a desatar junto con las comunidades autónomas para cumplir con lo pactado con Bruselas. Al margen de una timorata reducción de organigramas en algunas consejerías, de la valiente fusión de la financiación y la provisión sanitaria de Valencia, de la mengua o desaparición de varias agencias formativas que, en realidad, actuaban como meros cementerios de elefantes o aparcamiento de ex altos cargos incómodos, y de alguna acción esporádica, poco más se ha hecho en la mastodóntica burocracia que adorna a la prestación de los servicios de salud en España desde los tiempos del boato y la gran opulencia.
A la vista de la dimensión de la crisis y del estado de práctica bancarrota de las arcas públicas en todo el país, estas actuaciones no parecen suficientes ni corren parejas con los ajustes que se están exigiendo al sector por medio de rebajas de salarios, amortizaciones de puestos de trabajo o retrasos en los pagos por las facturas, lo que equivale a aplicar pequeñas quitas a los proveedores. Llamativo resulta, en este sentido, el último informe que el Ejecutivo acaba de remitir al Grupo de Trabajo de Racionalización Administrativa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y que se debatirá a finales de este mismo mes en el máximo órgano de coordinación económica entre administraciones en España. En él se describen algunas de las acciones emprendidas hasta ahora en todos los ámbitos y, en Sanidad, podría decirse que brillan por su ausencia.
Se han suprimido, por ejemplo, o están en trámites de hacerse, cuatro defensores del pueblo autonómicos (Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja y Murcia); ha desaparecido el Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha y Madrid; otros tres feudos han eliminado sus tribunales de defensa de la competencia; se han anulado institutos, consejos, observatorios, agencias y fundaciones públicas de todo tipo a lo largo y ancho de todo el país, con conocidas excepciones, y los feudos están metiendo mano asimismo a las televisiones autonómicas, como en los casos de Valencia y Madrid.
¿Y en Sanidad? En Sanidad el informe sólo reseña la puesta en red de las agencias de evaluación de las tecnologías de Madrid, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Canarias y Aragón. Nada más.
No se trata de hurgar más en la herida, pero cuesta trabajo creer que un área que concentra el 40 por ciento del gasto de las comunidades y que aglutina junto con Educación y asuntos sociales el mayor foco de los recortes mantenga prácticamente intacta su superestructura sin que Hacienda, el Ministerio de Sanidad o las propias autonomías se atrevan aún a aplicar el bisturí para menguarla en consonancia con los sacrificios exigidos a los agentes sanitarios. Si algo está claro, es que la Sanidad no puede mantener a día de hoy a 18 mandamases con su cohorte de altos cargos, directivos y asesores áulicos. No es razonable que agencias y observatorios se mantengan mientras desaparecen en otros sectores, ni que subsistan por doquier delegaciones provinciales y otros entes provisores con la que está cayendo en España.
¿Qué consejero de Sanidad del PP es conocido como
“el cordero degollado” por sus compañeros de partido?
¿Ha hecho algo este consejero en materia de Tics, receta electrónica o historia clínica electrónica?
¿Qué alto cargo del Ministerio tiene importantes enemigos dentro de este departamento?
¿Qué sindicato sanitario desnortado se ha echado en manos de UPyD en Madrid y redoblará sus ataques contra la Consejería?
