La intensidad de la crisis económica que aún azota a España está acabando con un modelo histórico que hasta la fecha permanecía perfectamente asentado en nuestro sistema sanitario: el de la visita médica. Parejo a la colosal pérdida de poder de prescripción por parte de los facultativos, a la diversificación de dicha prescripción en favor de otras profesiones como la farmacéutica o la enfermera, a la inusitada fuerza que están adquiriendo los pacientes para decidir sobre los medicamentos que precisan para tratar sus dolencias, y a las medidas de ajuste del gasto farmacéutico, el modelo languidece con el resultado de todos conocido: poco a poco, como si de un goteo se tratase, decenas de delegados de laboratorios quedan incluidos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y en los despidos de las empresas, y pasan a engrosar la lista de adscritos a los que eufemísticamente hablando se denominan servicios públicos de empleo, como si éstos lo procuraran. Aunque alguien puede afirmar que la crisis de este sistema es simplemente coyuntural como consecuencia de la convulsión actual de las cuentas públicas, y que siempre hará falta que un especialista informe al profesional de las innovaciones terapéuticas que llegan al mercado, dada la imposibilidad material y física que tiene éste para formarse por su cuenta, y a la ausencia de un modelo público de formación continuada, hay tres razones que impiden ser optimistas. La primera es el acuerdo al que ha llegado España con la UE para reducir de forma paulatina el déficit público. Con unas exigencias de rebajar el desfase estructural al 4,5 por ciento en 2015, todo apunta a que las autoridades volverán a apretar las tuercas sobre los medicamentos, el acceso de los mismos al mercado y el control de las prescripciones. Si con las medidas ya impuestas España raspará este año el objetivo del 6,5 por ciento, ¿qué cabe esperar que harán para rebajar dos puntos esta cantidad? Parece que el control sobre las recetas será otra vez pieza fundamental de los ajustes sanitarios. Tampoco ayudará a esta profesión el cierre paulatino del grifo que se está produciendo sobre los fármacos en la atención especializada. La barra libre de antaño se acabó en este nivel y es dudodo pensar que los engorrosos trámites burocráticos que empiezan a imponerse a los facultativos en los hospitales para dispensar los productos vayan a desaparecer en un contexto de reducción del gasto, sino, más bien, todo lo contrario. El último escollo para la visita médica tradicional es el nuevo código deontológico que tiene previsto adoptar la industria para revestirse de una imagen de pureza cuando, en la actualidad, tiene poco de lo que avergonzarse si se la compara con otros motores de nuestra economía. Como ya se ha contado en esta tribuna, los laboratorios debaten si acotar los almuerzos con los facultativos a 50 o 60 euros, pero el tope no parece necesario porque pronto no habrá visitadores suficientes para convidar a los médicos y hacerlo será estéril. Los programas informáticos y las disposiciones legislativas les dirán qué es lo que tienen que recetar a los pacientes.
Mientras este fenómeno se produce, la Administración no articula ningún sistema alternativo de reciclaje en materia de medicamentos, por lo que otra conclusión que puede extraerse es que los conocimientos de los profesionales sobre el vademécum tenderá a empobrecerse y, a la postre, la atención que recibirán los pacientes será cada vez peor.
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