Redactor jefe
de La Razón viernes, 14 de febrero de 2014 h
Una vez fracasado el primer intento serio de reforma de la Sanidad como consecuencia de la paralización de la externalización sanitaria en Madrid, las autoridades sanitarias se están lanzando a crear unidades de gestión clínica en medio país. Siguiendo la estela de País Vasco, Navarra, Asturias o Andalucía, que ya cuentan con alguna experiencia en la materia, Galicia y Castilla y León ultiman la puesta en marcha de este tipo de superestructura administrativa en sus centros que va más allá de las unidades y servicios médicos puros y duros, pero que sigue situándose bajo el paraguas supervisor de las gerencias y de las direcciones médicas. Tan ansioso de copar protagonismo como el consejero Antonio María Sáez Aguado, no es descartable tampoco que José Ignacio Echániz se una a este elenco e incorpore también el novedos modelo gestor en los hospitales de Castilla-La Mancha allá por el verano. ¿Son las unidades de gestión clínica la panacea para la mejora de la atención sanitaria, y para la agilización del funcionamiento de un hospital? Frente a los que propugnan de forma abierta el protagonismo del facultativo en la gestión de los dispositivos sanitarios y ensalzan este modelo, yo he de decir que no. Su generalización es un quiero y no puedo, un intento desesperado de dar un nuevo aire al sistema sanitario público, ahora que los gestores saben que se juegan el puesto con la externalización, pero nada más.
Las sombras que rodean a la gestión clínica son múltiples. Conviene decir para empezar que suelen ser raros los profesionales que aúnan conocimientos clínicos y económicos. Si la avalancha de pacientes impide ejercer una atención clínica adecuada, es lógico pensar que el manejo económico de gastos e ingresos, compras de productos sanitarios y material fungible no liberará al médico-gestor de más trabajo, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, no es éste el motivo principal de mi rechazo a las nuevas unidades que llegan. La razón fundamental que suscita el escepticismo es la falta de personalidad jurídica que tendrán los nuevos dispositivos asistenciales. Si no hay autonomía real de funcionamiento al carecer dichas unidades de esa personalidad, si el personal sigue siendo estatutario, si se atisba una sobrecarga de trabajo para el médico-gestor y si se el derecho administrativo va a pesar como una losa sobre ellas, cercenando por ejemplo el movimiento de dinero entre capítulos o ralentizando las decisiones, ¿para qué se adopta? Algunos esgrimen que gracias a estas unidades la asistencia sanitaria es más transversal y facilita la vida al paciente, y los profesionales trabajan más motivados. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que las experiencias que arrancaron en 1995, siguiendo la estela de lo hecho en Cataluña, no han constituido hitos para la gestión. Habrá que estar atentos para comprobar si su extensión no persigue sólo reducir la nómina de jefes de servicio al agrupar varios en uno solo.
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