Aunque el problema viene de largo, la crisis económica y la inacción de la autoridad sanitaria central lo están recrudeciendo aún más, si cabe. Si antes era residual, la inequidad en el desempeño profesional y en los tratamientos que reciben los pacientes comienza a ser ya la tónica generalizada de un Sistema Nacional de Salud (SNS) absolutamente desestructurado y desvertebrado, en el que el Consejo Interterritorial actúa más como órgano decorativo que como garante de la unidad. Varios años después de aprobarse la Ley de Cohesión, dicho órgano, el ministerio y las autonomías están haciendo una dejación de funciones absoluta que ha empezado ya a quebrar lo que quedaba de la España sanitaria. Las divergencias a las que ha dado lugar esta pasividad son manifiestas. Se producen de partida en los presupuestos, con brechas gigantescas entre territorios en función de la situación económica de cada uno y de las necesidades que interprete la Hacienda local. Las hay, también, en materia de salarios, con variaciones de hasta un 35 por ciento en el caso de los facultativos, según donde ejerzan, de acuerdo con el último estudio de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Y las hay, asimismo, en materia de servicios, inversiones y estructuras. Mientras algunas comunidades acaparan unidades de referencia, dispositivos punteros y los mejores aparatajes médicos, otras disponen de peores servicios, obligando indirectamente a sus ciudadanos a realizar largos desplazamientos en busca de los cuidados más eficientes. Las divergencias se ahondan en materia de organigramas y también, cómo no, en la lucha contra el gasto farmacéutico, lo que propicia que algunos ciudadanos puedan tener acceso en sus territorios a medicamentos que están vetados por medio de todo tipo de obstáculos en las regiones limítrofes.
Aunque algunos achaquen las divergencias a la autonomía de la que gozan las comunidades a la hora de diseñar sus políticas de salud, lo cierto y verdad es que empieza a haber casos especialmente sangrantes, que suponen un verdadero agravio comparativo y que configuran una España de dos velocidades en lo que a la Sanidad se refiere. No es exagerado hablar ya de la existencia de pacientes de primera y de segunda, en función del lugar en el que residan o en el que reciban tratamiento. La última aberración del sistema atomizado en el que vivimos, a la que nadie pone remedio, se está produciendo en un campo especialmente sensible, como es la oncología. Pero no ya por la restricción de tratamientos o las barreras que imponen algunos consejeros para la llegada a sus hospitales de las terapias más avanzadas. Hablamos ya de las dosis administradas y de los miligramos dispensados en función de la voracidad ahorrativa de algunos gerentes en su política de acoso y derribo contra el gasto generado por sus centros sanitarios. El asunto es muy grave, porque en algunos tratamientos se registran diferencias de hasta el 50 por ciento en las dosis de terapia oncológica que reciben enfermos aquejados de la misma patología. ¿Qué se está haciendo para frenar este desvarío y para poner coto a injusticias como ésta en una España que presume de tener una de las mejores sanidades del mundo? Desgraciadamente, poco o nada. El temor a la reacción negativa de los caciques locales y el pánico a suscitar protestas está llevando al ministerio a mirar hacia otro lado en un momento en el que debería coger el toro por los cuernos, rompiendo con la tónica que ha seguido este departamento en otros tiempos.
¿Qué presidente de una patronal está recomendando a todos sus asociados que recurran al fáctoring de grandes entidades financieras como el Santander o el BBVA si pretenden cobrar algo este año?
¿Qué dirigente sindical famoso por abocar a su organización al esperpento está abducido por una mujer que pretende ir de diva pero que no tiene peso en la Sanidad?
¿Qué directivo con pasado político de un laboratorio teme perder el puesto porque no le cae bien a su jefe?
¿Qué hombre es el culpable real de la rebelión de algunos feudos del PP contra el copago hospitalario?
