La Organización Médica Colegial debería dejarse de politiqueos, olvidarse de seguirle el juego al PSOE allá donde le conviene a este partido -como en el caso de la falsa privatización sanitaria de Madrid-, y centrarse en uno de sus cometidos básicos: la defensa del facultativo allá donde se ponga en duda la honradez y la ética de su labor, y se le impida ejercer el sacrosanto principio de la autonomía profesional en el tratamiento y la medicación de los pacientes. En lugar de reírle las gracias a Tomás Gómez, denostar una gestión privada en la que, voluntariamente, trabajan miles de facultativos, y atacar subrepticiamente las líneas maestras orquestadas por el PP en algunos feudos para rebajar el déficit sanitario, Juan José Rodríguez Sendín, sus compañeros de fatigas en el Consejo y los presidentes de los colegios tendrían que dar un paso adelante, pegar un puñetazo encima de la mesa y decir basta a todos los políticos autonómicos y nacionales, sean del partido que sean, que pongan en duda la honestidad de los médicos a la hora de prescribir, consideren que lo hacen al dictado de la industria farmacéutica o legislen con la idea de que los médicos se van de vacaciones a base de “tarugazos” regalados por los laboratorios.
Si algo grave ocurre estos días con los médicos es la eterna sombra de duda sobre su trabajo que aderezan las múltiples normativas autonómicas que se están aprobando, no la externalización de la gestión. Cualquiera con dos dedos de frente entiende que el estado económico de España obliga a lo segundo, que hay que cambiar ya el régimen semifeudal que rige hospitales y centros de salud, y que, además, todo ello puede ser productivo, pues nada hay mejor en el ámbito laboral como premiar el esfuerzo y castigar la indolencia. El acoso permanente al médico en su labor diaria es, sin embargo, materia mucho más grave, pues el profesional no hace más que tratar con el mismo vademécum que el Estado ha autorizado y volcar sobre el paciente la formación que ha recibido. Viene esto a cuento por la multiplicidad de normas con las que se está bloqueando de forma más o menos directa la prescripción, como la de los algoritmos valencianos, y también a cuento de la satanización de la llamada visita médica que protagoniza la industria, ante la dejación de funciones protagonizada en este terreno por la propia Administración pública. Desde hace años, no han sido pocas las acometidas de las autoridades contra los delegados de la industria: en muchos lugares, se ha restringido la visita; en otros, se ha contraprogramado con contravisitadores… y en todos ellos se ha denigrado incluso esta labor al considerar al médico como receptor voraz de supuestas prebendas. En la anterior legislatura, el Ministerio proclamó a los cuatro vientos la necesidad de instaurar un sistema público de formación continuada para frenar la información comercial de la industria. Como era previsible, el anuncio era humo y no se hizo nada. En esta tesitura, la OMC debería formular un documento especial, una suerte de código ético diferenciado del deontológico para definir las reglas del juego, y hacer batalla. Se trataría de utilizarlo para sancionar a los facultativos de moral distraída, y de hostigar con él a la Administración que legisle de forma preventiva, sin una base que ampare sus decisiones. Eso, y no proclamas políticas, es lo que necesitan los médicos.
¿Qué empresa dejó un agujero considerable en la OMC en tiempos de Guillermo Sierra, tras ser contratada a dedo en lugar de por un procedimiento abierto y transparente? ¿Cuánto cobraba su asesor cuando el traumatólogo capitaneaba la organización colegial?
¿Qué líder de AFEM adeuda dinero a su comunidad de vecinos? ¿Por qué no critica esta organización los contratos basura de 11 horas al año que realiza la Junta de Andalucía en un conocido hospital regido como empresa pública?
¿Ha cobrado dinero un neurocirujano por acudir a las reuniones de la Comisión Deontológica de Madrid? ¿Si es así, cuánto? ¿Quién le enchufó en la Comisión, según queda reflejado en actas?
