Redactor jefe
de La Razón viernes, 02 de mayo de 2014 h
Vaya por delante mi postura radicalmente contraria a los llamados posicionamientos terapéuticos. Resulta increíble que, a estas alturas de siglo, y pese a los informes reiterados del Banco Mundial sobre los múltiples obstáculos a la libertad de negocio en España, nuestro país se permita el lujo de poner más palos en las ruedas de los empresarios, bloquear la llegada de innovaciones farmacológicas al mercado con trámites redundantes e imponer nuevas trabas burocráticas para ratificar o denegar la utilidad de lo que la propia Administración decide o no financiar. No. Los posicionamientos terapéuticos no son signos de modernidad ni dechados de consensos que, en realidad, no buscan más que eludir responsabilidades y ralentizar decisiones. Son montañas en el camino recto, escollos en el funcionamiento de las empresas y ninguneos inadmisibles de las decisiones que adopta el Ministerio de Sanidad para intentar poner puertas al campo y dilatar lo que no es dilatable: la llegada a los hospitales de las terapias innovadoras que acortan enfermedades y procesos pese a generar a corto plazo un coste elevado para las arcas públicas.
Hay veces en las que conviene hablar en plata, y una vez más, voy a hacerlo: ¿A cuénto de qué viene que las autonomías se pronuncien sobre las ventajas o inconvenientes de un fármaco autorizado y sometido a precio por la Agencia del Medicamento y la Dirección General de Farmacia? ¿A qué viene esa dosis de “buenismo” y de mal entendido “consenso”? ¿Es que los dos entes administrativos citados no tienen credibilidad o actúan al dictado de la industria? Si no lo hacen, ¿a qué viene otra evaluación sobreañadida a través del citado posicionamiento? ¿Y si tiene sentido este posicionamiento, qué necesidad hay de que dichas instancias existan, con el coste que acarrean? Traigo esto a colación a raíz de los dimes y diretes que existen en el sector en torno a tal engorro burocrático, y del excelente artículo sobre el particular que, hace justo una semana, escribió aquí Lucía Barreda. En él, la directora de Gaceta Médica revela que el País Vasco se ha sumado a la lista de autonomías díscolas, adelantándose incluso al Ministerio a la hora de decidir si incorpora o no las innovaciones en fármacos oncológicos y con una tasa de coste-efectividad delimitada. Un absurdo detrás de otro con el que esta autonomía obsequia las estulticia del Ministerio, y que ya inauguró Cataluña. Recordemos que esta comunidad veta el acceso a sus hospitales de fármacos a los que sus propios representantes dieron sus parabienes a la hora de proceder en Madrid al “posicionamiento”. No es extraño que ante tan esquizofrénica forma de proceder, las empresas tengan el miedo instalado en el cuerpo y no sepan bien a qué atenerse ni si merece la pena el sobreesfuerzo de la reevaluación de sus productos, dada la irracionalidad de las autonomías a la hora de proceder.
w ¿Qué miembro del Consejo Asesor del Ministerio está gratamente sorprendido con el conocimiento exhaustivo que ha adquirido Ana Mato de los temas sanitarios?
w ¿De qué personaje con pésima imagen empiezan a estar hartos en la Consejería de Sanidad de Madrid?
w ¿Cuántas comunidades van a seguir los pasos de Madrid convirtiendo eventuales en interinos, a un año de las elecciones autonómicas?
