Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 04 de octubre de 2013 h |

Al margen de que pueda gustar más o menos, y de que, por ejemplo, se esté de acuerdo o en desacuerdo con el férreo régimen de incompatibilidades que establece, lo que nadie puede negar es que la nueva Ley de Colegios Profesionales irrumpe en un momento el que se hace posiblemente más evidente que nunca la necesidad de renovar las corporaciones de derecho público en España. Aunque muchos presidentes han hecho los deberes en los últimos años, reformando estructuras y ofertando servicios acordes a los nuevos tiempos, la mayoría de las corporaciones mantienen aún un tufillo de épocas pretéritas y los servicios que prestan no justifican ni por asomo las cuotas obligatorias que perciben religiosamente de sus colegiados. Aunque hay de todo, como en botica, el mapa de colegios profesionales en España ofrece escenas dantescas. En algunas corporaciones provinciales, los dirigentes son auténticos caciques locales que se afanan en cuerpo y alma por perpetuar sus privilegios de casta, como si fueran brahmanes en la India de los dalits o intocables. En otros, los rectores juegan a ser sindicalistas dispuestos a echar un pulso al consejero de turno a cambio de un minuto de gloria… o de un fulgurante ascenso o de prebendas para los allegados más cercanos. En otros colegios -en muchos-, las aseguradoras mandan y el presidente de turno, empequeñecido, trata de vestir el cargo con la misma dignidad fingida de la doncella mancillada. Hay colegios, también, en los que son las empresas y los proveedores los que cortan el pescado, manteniendo a los presidentes como auténticos rehenes. Y los hay, en fin, en los que prima el reparto de las regalías, las dádivas y el qué hay de lo mío sobre la defensa racional de los intereses profesionales y el respeto los pacientes, como destinatarios de la atención sanitaria.

Hace años, el debate sobre la necesaria renovación colegial apenas interesaba a nadie. De hecho, son muy pocos los colegiados que acuden por su propio pie a las urnas electorales a depositar regularmente el voto, porque no se sienten identificados con la corporación que dice representarles. Hoy, en cambio, el interés crece. Las sucesivas congelaciones salariales, la prohibición de las reposiciones, las amortizaciones de plaza, los vientos de la externalización y las reducciones de márgenes comerciales, en el caso de los farmacéuticos, están llevando a los profesionales a preguntarse para qué sirven las corporaciones de derecho público y en qué gastan sus cuotas. El propio debate sobre las incompatibilidades delata a sus protagonistas. Mientras unos y otros se afanan en defenderlas o denostarlas, los sanitarios de a pie empequeñecen con ira ante las embestidas continuas de una administración necesitada de recursos para capear la crisis. En esta tesitura, los colegios están obligados a renovarse, o parecen condenados a perecer, y la irrupción de la nueva ley puede servir de acicate para que los cambios lleguen ya de una vez en forma de revolución silenciosa.

Los colegios han de constituirse como corporaciones de servicio, punto verdadero de encuentro profesional y referentes para la formación continuada. Sus comisiones deontológicas han de estar limpias, al igual que sus órganos rectores. Y sus cuentas han de ser claras y cristalinas. Las juntas directivas deben informar de hasta el último céntimo que manejen, y no estaría de más, tampoco, que sus integrantes hicieran pública declaración de bienes tanto de ellos como de sus familiares más cercanos antes y después de pasar por la corporación.

¿Qué gran duda asaltó a la Casa del Rey y al Ministerio de Sanidad sobre el doctor Cabanela, el mismo día de la operación?

¿Qué asunto revelará pronto si el que manda realmente en la OMC es Sendín o es Villarig?

¿Qué gran experto es el que realmente manda en el Ministerio? ¿Qué presidente de una corporación lo sabe y les saca ventaja a sus compañeros de otras profesiones?

¿Qué consejero del PP recelaba de Rubén Moreno en el pasado?