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El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha enviado al Ministerio de Sanidad una propuesta sobre el nuevo sistema de adjudicación de plazas MIR planteando el establecimiento de un cupo para los titulados extracomunitarios. Los estudiantes se muestran a favor de fomentar el intercambio del conocimiento médico entre países siempre que los Estados garanticen la sostenibilidad de los sistemas de salud y aseguren la posibilidad de especializarse a todo titulado formado en su país pues, en su opinión, la ausencia de regulación de flujos implica una descapitalización de profesionales. Por ello, piden que se modifique la orden que regula la convocatoria de acceso a la residencia para que los licenciados en España o la UE puedan acceder a las plazas en el cupo general y los extracomunitarios que obtengan la puntuación suficiente no superen el 10 por ciento del total ofertado.
m.r.
Madrid
Las propuestas que las organizaciones médicas plantearon al Ministerio de Sanidad para que fueran incluidas en el Real Decreto de Homologación de títulos a profesionales extracomunitarios han caído en saco roto. Pese a que los representantes de la Administración han asegurado en varias ocasiones que tendrían en cuenta estas aportaciones —y tras mantener oculto el redactado final de la norma— el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada no ha incluido ninguna de las alegaciones presentadas por el sindicato médico CESM ni la Organización Médica Colegial (OMC).
Tal y como ha explicado el secretario general sindical, Patricio Martínez, el decreto no ofrece ninguna solución para la regulación de los médicos especialistas sin título oficial (mestos) y tampoco modifica la carga de representación profesional de los tribunales de validación, sin aumentar la participación del colectivo y sin incluir a los decanos como solicitaban. Así, el Comité de Evaluación lo conformarán seis representantes de las administraciones —tres nombrados por Educación y otros tres por Sanidad, con el subdirector de Ordenación Profesional como presidente—, dos vocales designados por el Consejo Nacional de Especialidades (Cnecs) y sólo uno ejercerá como voz de la profesión, nombrado por la OMC.
También obvia el texto la petición de las organizaciones profesionales para que, durante el segundo periodo de prácticas o formación complementaria de nueve meses de duración se produjera una contratación parecida a la de los residentes, con una retribución económica, ya que realizarán las mismas funciones que éstos y asumirán responsabilidades similares. Sin embargo, este reconocimiento sólo se recoge en el tercer periodo a través de una prestación de servicios pues la Administración considera que el objetivo es subsanar las deficiencias de estos especialistas. En cuanto a la necesidad de una cobertura de responsabilidad civil incluida en las alegaciones, Sanidad sólo plantea que ésta corra a cargo del propio especialista no de la Administración ni del hospital.
Martínez lamenta la exclusión de unas propuestas que habrían “mejorado” mucho el texto y explica que, aunque podrían presentar algún tipo de recurso, finalmente primará su criterio de responsabilidad ante una posible paralización del decreto para no perjudicar los médicos que están ya ejerciendo en el sistema español.
Por el contrario, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras sí está satisfecha con una norma que ha recogido sus principales demandas, “agilizando” el proceso y “preservando la calidad”.
