| viernes, 14 de enero de 2011 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Desgraciadamente, el tiempo ha venido a dar la razón a todos los que cuestionaron con dureza la liberalización de la ‘píldora del día después’, el fármaco cuyo estatus fue alterado de forma irregular por el Ministerio de Sanidad para satisfacer las órdenes y los deseos del Gobierno y poder dispensarlo sin necesidad de receta médica a mujeres y adolescentes desde las oficinas de farmacia. Al margen de toda consideración ética o moral sobre el producto, siempre subjetiva y, por tanto, sujeta a múltiples y siempre respetables interpretaciones, conviene resaltar ya, de entrada, que la dispensación libre de este potente cóctel de estrógenos constituye un grave problema de salud pública en España. Y no sólo por la explosiva composición del medicamento; composición que llevó incluso a la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a reflejar en un polémico informe los riesgos descritos en la literatura científica de tromboembolismo venoso y otros trastornos graves asociado a un consumo abusivo del producto. Consumo abusivo que la legislación sanitaria no impide de ninguna de las formas bajo su nueva forma dispensación, pues no existe mecanismo alguno que frene la adquisición reiterada de la pastilla en boticas diferentes por parte de una misma consumidora, como bien saben los farmacéuticos.

Además de esos graves riesgos, a los que se somete la mujer y no el hombre, en una clara muestra de política sexista desigual, conviene atender, y mucho, a la evolución del mercado farmacéutico. Éste nos indica que mientras la compra de las diferentes presentaciones del fármaco se ha disparado en progresión geométrica desde su liberalización, a finales de septiembre de 2009, multiplicándose los beneficios de los laboratorios fabricantes, al mismo tiempo está decreciendo el consumo de preservativos. Durante el primer año de comercialización libre de la ‘píldora del día después’, las ventas de profilácticos convencionales han caído en España en 2,4 millones de unidades. Y eso, produciéndose un aumento de la población registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de alrededor de 155.000 personas durante el mismo periodo (octubre de 2009-octubre de 2010). La conclusión de este baile de cifras es clara, y llama la atención que ninguna sociedad científica haya lanzado todavía la voz de alerta ante tamaño problema en ciernes, especialmente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia o la Academia España de Dermatología y Venereología. Se trata del potencial riesgo de aumento de enfermedades venéreas. En pocas palabras: el uso accesible de la píldora está desincentivando la utilización de métodos profilácticos tradicionales, con todo lo que ello implica a efectos de una posible transmisión de patologías de carácter sexual. Habrá que estar atentos a las ventas que han experimentado los test de detección de este tipo de enfermedades para cerrar el círculo del análisis.

Esta bomba sanitaria en España representada por la píldora, ante la que asisten pasivos altos cargos que van desde la ministra hasta el secretario general de Sanidad, pasando por el director general de Farmacia del Ministerio —que calificó al medicamento como “ético” para poder dispensarlo sin receta sin anunciarlo en medios ante sus potenciales riesgos— y el director general de Salud Pública, no ha conseguido encima el objetivo para el que, supuestamente, fue autorizada: la reducción del número de abortos. Pese al humo mediático lanzado por Leire Pajín en su segunda gran intervención pública en Madrid, las interrupciones voluntarias del embarazo sólo se han reducido entre la población inmigrante, mucho menor tras la crisis económica; entre las mujeres españolas no ha habido reducción alguna del número de abortos. Sólo cabe preguntarse si es ésta una política seria y si buscaba realmente las metas que el Gobierno decía, u otras bien distintas.