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Almudena Fernández Madrid | viernes, 30 de octubre de 2015 h |

El Foro de Médicos de Atención Primaria reiteró tras su última reunión la petición a los ministerios de Sanidad y Educación de que paralicen el RD 625/2004 y la Orden ESS/1187/2015 que regulan la incapacidad temporal (IT) y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de diciembre.

En este sentido, los facultativos del primer nivel asistencial lamentaron que sus aportaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante cuatro años fuesen rechazadas casi por completo, por lo que desde el foro se ha elaborado un comunicado para denunciar esta situación.

Y es que, aunque la actualización de la legislación asociada a la IT era una reivindicación histórica de la primaria, consideran que se ha “desaprovechado la posibilidad de modernizar la gestión de la IT”. En concreto, creen que se está sustituyendo una burocracia que estaba basada en la desconfianza hacia el trabajador —obligado a comparecer semanalmente— por la desconfianza hacia el médico —que puede llegar a tener que realizar hasta nueve informes—.

Este nuevo método también establece un “farragoso” sistema de duración estimada que, a juicio de estos facultativos, no guarda relación con la práctica clínica. Además, el facultativo tendrá que rellenar un informe complementario de confirmación muy frecuentemente, por lo que desde el foro se preguntan si el legislador ignora que los servicios de inspección tienen acceso a la historia clínica electrónica.

Finalmente, señalan que el RD apunta a que el parte médico de baja de IT “cualquiera que sea la contingencia”, se expedirá “inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo del servicio público de salud que lo realice”. Todo ello sin que, ni el RD, ni su desarrollo, aclaren con qué medios contarán los facultativos en planta, consultas y urgencias para asegurar la continuidad asistencial.

Francisco José Sáez, portavoz del Grupo de Trabajo de IT del Foro de AP, explicó a GM que ya “se está echando el tiempo encima y nadie hace nada”, por lo que comenzarán con “algún tipo de movilización”.

En este sentido, aseguró que el primer paso será llegar a los interlocutores sociales: sindicatos, patronal, asociaciones, Defensor del Pueblo y a todos los partidos políticos que están ya en campaña, para hacerles partícipes de la situación en la que se encuentra la IT y las consecuencias de que no se suspenda la aplicación de este decreto. Y es que, tal y como apuntó la portavoz de turno del foro y presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap), Begoña Domínguez, esta medida perjudica potencialmente a todos los ciudadanos que tienen un trabajo y, en la práctica, a todos los que tienen la desgracia de ponerse enfermos, por lo que la medida afecta a todos los interlocutores sociales, motivo por el cual les solicitarán una entrevista.

Domínguez también explicó que, nuevamente, desde el foro trasladarán una propuesta de modificación del texto a los ministerios de Trabajo y Sanidad con la esperanza de que, esta vez, sea tomada en cuenta.

Además, Sáez señaló que, por si finalmente no llegase a realizarse ningún cambio, están preparando con la ayuda de los abogados de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), un argumentario en relación con “el absurdo” decreto para contar con un respaldo legal por los problemas que va a generar con la población el hecho de que el médico de familia no les dé un parte de baja, por ejemplo, por no conocer el código nacional de ocupación, o que solo pueda dar la baja a partir del momento en el que el paciente llega a la consulta y no antes.

En el comunicado emitido por el foro señalan que, por lo que saben, no se ha procedido a preparar los medios informatizados o manuales que aseguren la emisión de la IT en el medio hospitalario, “dando por hecho que seguirán siendo los médicos de familia los que asumirán la gestión y control de la IT contraviniendo la legislación”, sin embargo, solicitarán a todos los profesionales “que sean absolutamente estrictos en el cumplimiento del RD” para impedir que incurran en cualquier tipo de falta sancionable, lo que supone que “los médicos de familia solo asumirían la incapacidad temporal en aquellas patologías cuyo diagnóstico y seguimiento realicen directamente”.

Asimismo, aseguran que serán el Gobierno y las comunidades los que tendrán que asumir las consecuencias que ocasione la falta de cobertura del derecho a la IT de los trabajadores.

Última legislatura

Con el final de la legislatura y la cercanía de las elecciones, el foro también hizo una valoración de estos cuatro últimos años.

En este sentido, Domínguez tiene claro que “el balance es globalmente negativo”, tanto por la participación directa de los profesionales del primer nivel asistencial, que se han visto “prácticamente ignorados”, como en relación con la normativa que se ha creado, que a juicio del foro supone “varios pasos atrás” frente a lo que había previamente.

En esta línea, denunciaron la transformación de un servicio nacional público de salud a un servicio de aseguramiento que, desde su punto de vista, “ha sido un error” y esperan que sea subsanado.

“Todas las medidas que se toman son susceptibles de mejorar y de empeorar una situación. Nosotros esperamos que esto mejore”, subrayó Domínguez. Y es que se ha dejado fuera del servicio público de salud “a una parte importante de ciudadanos” que, en su opinión, tienen derecho a ello, además, el incremento de los copagos también ha perjudicado a “la población más vulnerable”.

Finalmente, Domínguez lamentó la disminución sistemática de la inversión en primaria pues, aunque los servicios de salud en general han visto disminuido su presupuesto, la primaria ha perdido peso frente al hospital. “Desde nuestro punto de vista, no era necesario disminuir tanto los recursos en nuestro medio”, subrayó Domínguez.

Sin embargo, el aspecto positivo es que, a pesar de los recortes, los profesionales de AP siguen siendo los mejor valorados por los pacientes en todas las encuestas de satisfacción, por encima del resto de especialidades.

Los servicios jurídicos de OMC y CESM elaboran un argumentario para respaldar al médico de familia

El Gobierno y las CC.AA. tendrán que responsabilizarse de los casos a los que el médico no les dé la baja