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Los facultativos decidirán los límites que los recortes no pueden sobrepasar en este espacio que sustituye al Consejo de la Profesión Médica
El ICS reduce el 40% de sus cargos directivos y suprime tres direcciones corporativas dentro del plan de adelgazamiento administrativo
C.O./ EP
Barcelona
La estructura de la sanidad catalana continúa su proceso de adelgazamiento, y en esa línea el nuevo Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha aprobado una reducción del 40 por ciento de sus cargos directivos.
La simplificación se traduce, entre otras cosas, en reducción de los equipos directivos de sus gerencias territoriales en el Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida y Alt Pirineu y Aran, y la supresión de tres direcciones corporativas —Dirección de Curas, Asesoría Jurídica, y Dirección adjunta de Desarrollo Profesional—, según precisó el ICS en un comunicado, en el que también se hacía referencia a la contribución en la reducción de cargos políticos, para dotar a los centros de mayor autonomía de gestión.
Mientras medidas como ésta se materializan, los actores del sector van dando primeros pasos que prometen cambiar el rumbo de la sanidad. Así, durante la “cumbre médica” solicitada por el sindicato Metges de Catalunya (MC), el consejero de Salud, Boi Ruiz, logró ganarse la confianza de los representantes de los médicos bajo la premisa de que será el criterio clínico —y no sólo el economicista— el que determinará los cambios dentro del marco de recorte presupuestario, marcando la “línea roja” que blindará la calidad asistencial y la relación médico-paciente. No se concretó más.
Tras la reunión de Ruiz con los presidentes de los cuatro colegios oficiales de médicos de Cataluña, el secretario general de MC, y los presidentes de la Sociedad Catalana de medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) y de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, comunicaron el acuerdo de creación, para antes del verano, de una mesa de negociación y diálogo específico entre el colectivo médico y la consejería que, como apuntó Ruiz, también se abrirá a otros profesionales de la sanidad, como la enfermería.
En principio, es la vía tomada para un futuro acuerdo marco profesional dirigido a “recuperar la categoría del médico”. Y significa también la degradación del Consejo de la Profesión Médica, que se fundó en 2006 tras la huelga masiva de médicos en Cataluña. Francesc Sancho, secretario de Estrategia y Coordinación de Salud, zanjó las dudas afirmando que “el papel del Consejo continuará, pero hay que repensarlo y refundar este organismo”.
Sancho se escudó en que el Gobierno “no ha elegido” este escenario de recortes y aseguró que en ningún caso el objetivo es despedir a médicos, ya que “hace nada faltaban profesionales”.
Es un clima en el que no falta un claro descontento de la oposición. La portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Laia Ortiz, consideró “imposible” el mantenimiento de la calidad de la sanidad pública, y Carme Capdevila, ex consejera de Acción Social y Ciudadanía, aseguró que los recortes de Ruiz conducirán a las mutuas privadas y concertadas a todo el que pueda.
La diputada del PSC y ex consejera de Salud catalana, Marina Geli, sugirió en el Parlamento que las medidas de Boi Ruiz pueden traducirse en despidos de personal y en pérdida de calidad del sistema sanitario, por lo que pidió a CIU que “reconsidere” el recorte del 10 por ciento para este año. Geli recordó que el déficit sanitario que se encontró su equipo en 2003 era “más del doble del actual”, de 1.850 millones, una cifra con la que no hicieron “alarmismo”. También apuntó que las inversiones en nuevos equipamientos sólo suponían el 2.5 por ciento del total, de forma que se realizaron obras en hospitales ya existentes, y el único nuevo fue el de Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Con ello, pidió a Ruiz que no se haga “demagogia” con estas cuestiones.
Con la abstención del PP, se rechazó en el Parlamento la moción del PSC que instaba al Gobierno a decidir los presupuestos hasta 2014 con el consenso de los agentes sociales, así como generalizar el sistema de financiación de la prestación de servicios según los indicadores de eficiencia de la Central de Resultados.
