El Real Decreto que regula la incapacidad temporal (IT) “refuerza mucho” el papel de control de las mutuas sobre las prestaciones económicas, lo que deriva en “una suerte de dependencia” del sector público “sujeto a un control” por parte de los profesionales de las mutuas. Así lo aseguró a GM Pedro Linares, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CC.OO.), después de que el sindicato emitiese un comunicado interno denunciando los perjuicios de la nueva Ley de Mutuas (de la que forma parte el RD de IT).
En esta línea, incidió en que el aspecto fundamental de una IT es el proceso de recuperación de la salud y, por tanto, es “el médico natural” de los trabajadores el que debe tomar “la decisión última” del espacio temporal de cada baja porque forma parte del propio tratamiento. Sin embargo, hechos como que se reduzcan los plazos del médico de familia para responder, así como que la mutua tenga capacidad para hacer una propuesta de alta de los trabajadores, etc., al final ocasionan en este profesional una sobrecarga en la parte administrativa que, a juicio del sindicato, “va en detrimento de la parte realmente asistencial y de recuperación del trabajador enfermo”.
Absentismo laboral
Por otro lado, instó a terminar con la idea de que el absentismo laboral en España es muy alto cuando “no es cierto” y los niveles son asimilables a cualquier país de la Unión Europea por lo que, a su juicio, “no es verdad” que haya pérdidas competenciales. “Lógicamente, el sistema tiene que protegerse de quien haga un uso indebido, pero para eso están el sistema público y la inspección médica”, subrayó para añadir que, para que funcionase bien haría falta también corregir algunos errores como no sobrecargar con procedimientos administrativos una prestación que debería ser puramente sanitaria.
Sin embargo, el planteamiento actual deriva en “una gran presión” sobre los profesionales y también sobre los propios trabajadores que reciben llamadas, son obligados a reconocimientos…y, en una situación como la actual, en la que el trabajador que enferma tiene más posibilidades de “estar fuera” de la empresa, “si encima se presiona sobre esos elementos”, al final los médicos de AP aseguran que hay quien no quiere que le den la baja “de ninguna manera” o que ciertas empresas dicen al trabajador que se quede un par de días en casa sin acudir a su médico de cabecera y sólo es controlado por el facultativo de la empresa. A juicio de Linares, parece que el objetivo no sea la recuperación efectiva para que el trabajador pueda reintegrarse con garantías, sino reducir simplemente los tiempos y que los costes económicos sean menores. “Es un error anteponer la economía a la salud de las personas, y esto en detrimento también de la propia actividad del médico”, apostilló.
Asimismo, mostró la preocupación de CC.OO. por el hecho de que la Ley de Mutuas ponga al sector privado “en una situación de control sobre el público”, tanto sobre el médico como en las prestaciones.Linares califica este hecho de “absolutamente inaudito” ya que considera que debería ser al revés.
Además, apuntó a que, en general, hay un “escasísimo reconocimiento” de las enfermedades relacionadas con el trabajo y son las mutuas son las que deciden que una enfermedad no es laboral, por lo que debería dotarse al médico de AP de la capacidad de decidir si la patología es profesional o no y transferir el paciente a la mutua que, en caso de rechazarlo, tendría que justificarlo.