c.m.l. Madrid | viernes, 24 de abril de 2015 h |

“La visión de la financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no muestra un mensaje positivo y si se contempla dentro del marco de los últimos diez años este mensaje no resulta en absoluto esperanzador”. Así lo deja patente el informe elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), ‘Análisis de los recursos destinados a I+D+i contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2015’. Sus autores José Molero y José de Nó están convencidos de que la realidad de las cifras muestra la inviabilidad de la investigación, ya que con las partidas asignadas para la convocatoria de proyectos no es posible si no se aprueban más partidas extraordinarias. En este sentido, desde hace siete años se ha ido produciendo una reducción considerable (ver tabla), aunque siempre ha estado justificada por la crisis económica. Ahora bien, parece que años después, las cifras se han estacando, después de años de descenso.

Con los datos globales sobre el papel, el presupuesto para 2015 ha crecido un 4,24 por ciento, sin embargo a juicio de los autores ésto no garantiza un aumento real de la inversión en ciencia y en innovación. “Esta situación se agudiza pues la promoción de fondos financieros, que no ha parado de crecer desde 2005, se acerca al 63 por ciento”, indica el informe. De este modo, el análisis refleja que el maquillaje de los PGE, en concreto de la conocida como PG46, la partida destinada a I+D+i, estaría en la distribución de las cantidades adjudicadas a los fondos financieros —préstamos concedidos por las entidades bancarias, que hay que devolver— y a los fondos no financieros—subvenciones—.

Teniendo en cuenta los datos del año pasado, el análisis pone en evidencia que las subvenciones se reducen en siete millones de euros, y los préstamos aumentan casi 270 millones de euros, de los que 220 millones son para préstamos destinados a investigación militar. “Esto supone la dificultad de acceso de los centros públicos y universidades y la no ejecución de buena parte de los mismos, con lo que se sigue reproduciendo la ficción de un presupuesto destinado en una parte importante a no ser gastado”, indica.

El FIS y los OPI

Con este panorama, los expertos instan a poner el foco en la necesidad de más apoyo a la investigación y al colectivo investigador, ya que los efectos se ven más a largo plazo y los recortes tienen un efecto demoledor.

Según los datos, 2009 fue el momento álgido con más financiación y comparando esas fechas el Fondo Nacional de Investigación está a la mitad del momento de máxima dotación, que fue en 2010.

En esta línea, los Organismos Públicos de Investigación (OPI) han visto reducida su financiación desde 2009 en 410 millones de euros, y la acumulación de estos años asciende a 2.192 millones de euros. Los expertos consideran que deberían tenerse en cuenta dos ampliaciones importantes. Por una parte, los fondos que las administraciones públicas dedican también a la I+D+i, particularmente las de las comunidades autónomas, ya que para los autores esta es la asignatura pendiente más urgente. Por otra parte, los estímulos para que los agentes lleven a cabo actividades innovadoras no provienen solamente de los programas incluidos en la presupuestos; sino al contrario, otras actuaciones públicas en campos como la sanidad o la industria pueden ser tractores tan importantes o más que la disposición de fondos públicos vía subvenciones o préstamos; por ello, “sería muy importante tener un balance al menos aproximado de lo que ese otro tipo de actuaciones pueden aportar en la disponibilidad de fondos públicos para impulsar la innovación”, precisan.

Pérdidas en el CSIC

Además, partiendo de la base de que los OPI y las universidades sólo tienen acceso a los fondos no financieros, son estas partidas las que vienen disminuyendo año tras año. Los que aumentan, por el contrario, son los préstamos, que están destinados a las entidades privadas y fundaciones que los soliciten. Pero como todos los créditos deben devolverse, según la Cosce, desde hace algunos años, cerca de la mitad de esos fondos financieros quedan sin usarse, algo muy caracterísitco de España, como señalan los autores, ya que a diferencia de Europa, la mayoría de la financiación corresponde a esta partida de préstamos.

En este contexto, el CSIC ha perdido 1.150 millones de euros, lo que supone más del doble o casi el presupuesto de dos años. De este modo, la partida destinada al CSIC, dentro de la PG46 representa el 46,31 por ciento de los OPI en 2015, habiendo llegado a ser en años anteriores casi la mitad del total de la financiación del conjunto de los organismos. Por ello se presenta de forma diferenciada, pero también porque el CSIC es el intrumento que el Gobierno usa normalmente para ejecutar la investigación. Con respecto al año pasado, el organismo ha perdido cerca de un millón de euros.

Asimismo, los fondos para la formación de personal investigador no han variado con respecto al año pasado. Según el informe “es una situación de mínimos que no sólo no recupera sino que va a ser casi imposible compensar lo perdido en estos años y volver a disponer de personal con una formación inicial en conocimiento científico y tecnológico”. En este sentido, las reducciones acumuladas desde 2010 ascienden a casi 300 millones de euros, el doble de lo empleado el año de mayor financiación.

Con todo, la confederación no pasa por alto la brecha que se está abriendo entre España y el resto de la Unión Europea. La distancia con respecto a los profesionales comunitarios siguen creciendo y es que mientras que en Europa la media está sobre el 2 por ciento del PIB, en España hace siete años se gastaba el 1,3 por ciento y hace dos el 1,24 por ciento.

Así los investigadores concluyen que se está comprometiendo la presencia en organismos y programas internacionales de investigación al no pagar las cuotas.

El CSIC ha perdido 1.150 millones de euros en casi seis años, y con respecto al año pasado un millón de euros

Los organismos públicos
de investiación han visto reducida su financiación
en 410 millones de euros