Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
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La presentación de dos reales decretos que desarrollan la norma reabre la brecha entre ministerio y consejeros socialistas, y los populares
Martínez Olmos insiste en que el facultativo podrá pedir un informe psicológico antes de decidir si evita que la menor informe a sus padres
En su defensa de la ley, Trinidad Jiménez aludió a las declaraciones del presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, que habría expresado que nadie mejor que el facultativo para evaluar esas situaciones. Una verdad a medias, ya que el portavoz de la organización colegial, que realizó esa apreciación al término de la asamblea de la OMC, distinguió claramente el conocimiento del paciente en pueblos o grandes urbes.
Algunos colegios provinciales también han manifestado su postura sobre la polémica. En Toledo, por ejemplo, consideran “inadmisible” que deleguen en los profesionales una responsabilidad que no les corresponde y destacan que su papel debería ser el de mediadores entre los padres y las jóvenes afectadas.
Mientras, el Consejo Gallego de Colegios de Médicos insiste en que en el real decreto debe constar, de forma explícita, que la actuación del médico se limitará a la práctica profesional, de modo que si ha de justificarse el alegato se haga por un procedimiento que exima al médico de esta responsabilidad.
E.M.C.
Madrid
La presentación de dos reales decretos que desarrollan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ha roto la armonía reinante en las últimas reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras el último encuentro, celebrado la semana pasada en Madrid, la consejera de Galicia, Pilar Farjas, no dudó en afirmar que este consejo marca la ruptura de relaciones entre las comunidades autónomas y el ministerio, que, en su opinión, habría quebrantado “la línea de colaboración, cooperación y respeto institucional que se mantenía hasta ahora”.
El objeto de estas críticas ha sido la aprobación de dos disposiciones sobre la polémica norma que está previsto que entre en vigor el 5 de julio, el Real Decreto de Calidad Asistencial de las Prestaciones a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Real Decreto de Desarrollo parcial de la Ley de Salud Sexual, que, entre otros puntos, atribuye al médico la capacidad de decidir si una menor de entre 16 y 17 años puede evitar informar a sus padres para abortar en caso de que pueda desencadenar un conflicto familiar grave.
Los consejeros del Partido Popular trasladaron a la ministra su desacuerdo con una regulación que, en su opinión, sitúa a los profesionales sanitarios en una situación de indefensión jurídica. En este sentido se pronunciaron, entre otros responsables, tanto la consejera de Sanidad de Canarias, Mercedes Roldós, como el nuevo consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. Roldós añadió que no está dispuesta a abordar un tema que deje en una situación tan delicada a los médicos, mientras Fernández-Lasquetty incidió en que los decretos obligan al facultativo a asumir “una responsabilidad muy grave”, en la línea con la postura de su grupo político, que defiende que la decisión no tiene que ver con las funciones clínicas.
Además, el consejero de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, cuestionó que el texto de la ley no pasara en su día por el consejo. En sus palabras, la prestación se modifica y se amplía en las indicaciones y en la franja de edad, pero no existe una memoria económica que evalúe el impacto que puede tener en la sanidad regional.
Críticas vertidas apenas 24 horas antes de que el PP presentara ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley.
Por su parte, tanto la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, como los consejeros socialistas, han cerrado filas sobre el avance de una ley que consideran necesaria y acorde con la realidad actual. Creen que el recurso de los populares no paralizará el desarrollo de la norma.
Jiménez resume de este modo una postura común: “No habrá resquicios legales que permitan su incumplimiento, ni supondrá un encarecimiento en la prestación asistencial ni un empeoramiento de la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios”.
Respecto al papel de estos últimos, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, recalcó que los facultativos se podrán ayudar con un informe psicológico o el de un trabajador social, cuya tramitación no demorará la decisión final para evitar que la menor salga de los márgenes temporales previstos por la ley.
