Redacción
Madrid
Dos son los puntos fundamentales en los que la propuesta española sobre la futura directiva de sanidad transfronteriza tiene un especial interés: la existencia de una indicación médica antes del desplazamiento y mayor claridad sobre algunos temas financieros, especialmente en la categoría de los residentes extranjeros que regresan al país de origen y de los jubilados.
El consejero de Sanidad en Bruselas, Enrique Terol, lo explicó la semana pasada ante la European Public Health Alliance (EPHA), en una intervención en la que expuso el trabajo que está desarrollando la presidencia española de la UE.
Después del rechazo en diciembre de una directiva que suponía un excesivo coste adicional para el sistema público sin garantizar la calidad de los servicios, la nueva propuesta quiere equilibrar así el derecho individual de desplazamiento y la responsabilidad de los Estados miembro de organizar la asistencia sanitaria.
En los próximos dos meses el Parlamento Europeo trabajará intensamente tratando de acercar posturas para alcanzar un acuerdo político en este asunto controvertido, así como con la votación en sesión plenaria sobre farmacovigilancia y donación y trasplante de órganos.
No en vano, la exportación al ámbito europeo del modelo de la ONT es, junto con la reducción de las desigualdades en salud y la excelencia clínica en la atención a los crónicos, uno de los objetivos del Ejecutivo español en este semestre.
