Ana Mato abandona el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de casi tres años en los que su política en el ámbito sanitario ha estado marcada por la reforma presentada en abril de 2012 para hacer frente a los objetivos de déficit del Gobierno, con medidas polémicas como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares o la implantación de nuevos copagos, y por la gestión de la crisis del ébola tras el contagio de la auxiliar de Enfermería Teresa Romero. Durante su mandato, la ministra ha logrado el apoyo de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y farmacéuticos) tras firmar con ellos un pacto para preservar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, sin embargo, no ha logrado con los grupos parlamentarios.
Tras una vida dedicada a las tareas de su partido, primero de la mano de Aznar y después como persona de confianza de Mariano Rajoy, Mato fue la elegida por el presidente del Gobierno para coordinar la gestión de la sanidad –cuyas competencias están transferidas a las comunidades– y lograr garantizar su sostenibilidad, que en 2011 estaba en entredicho. Sobre todo porque los gobiernos autonómicos arrastraban una deuda con sus proveedores de más de 15.000 millones de euros.
En su toma de posesión prometió un ministerio con “capacidad de diálogo” y “reformismo”, y en sus primeras intervenciones públicas aseguró que trabajaría “pensando en los pacientes” y se comprometió a garantizar los principios de “universalidad, equidad, calidad y excelencia” del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, unos meses más tarde el Programa Nacional de Reformas impulsado desde Moncloa le obligó a acelerar ese “reformismo” y consensuar con las comunidades diferentes medidas para ahorrar unos 7.000 millones de euros, que quedaron plasmadas en el Real Decreto-Ley 16/2012, del 20 de abril.
La reforma también propició un cambio del sistema de copago de los medicamentos que se compran en farmacia para establecer diferencias según la renta de cada ciudadano. Además, por primera vez obligó a pagar a los pensionistas (un 10% del precio de sus medicinas que, hasta ahora adquirían gratis) pero dejaba fuera a los parados sin prestación.
Otras medidas puestas en marcha fueron la desfinanciación de más de 400 medicamentos para síntomas menores, la revisión de la cartera de servicios que se ofrecen en el SNS y la puesta en marcha de una plataforma para centralizar las compras de medicamentos y productos sanitarios.
Durante su mandato también ha tenido que hacer frente a medidas autonómicas como la subasta de medicamentos de Andalucía o las tasas de un euro por receta de Madrid o Cataluña, todas ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional. Además, las críticas generadas por su reforma entorpecieron otro de los objetivos de Mato en materia de sanidad, la búsqueda de un pacto para preservar la sanidad que finalmente sólo ha sido posible con los profesionales (médicos, personal de Enfermería y farmacéuticos) pero no con los grupos políticos. De hecho, en el Congreso se creó incluso una comisión para tratar de impulsar la propuesta pero los grupos culparon a la ministra de no haber contado con ellos a la hora de tomar medidas. También le quedará pendiente un gran pacto sociosanitario para que las comunidades coordinen ambos sistemas, necesario ante una población con más enfermedades crónicas.
Además, en los últimos meses ha afrontado la polémica generada tras la crisis del ébola, primero con la repatriación de los dos misioneros infectados en África, Miguel Pajares y Manuel García Viejo, que finalmente fallecieron, y principalmente tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero, que había atendido al segundo en el Hospital Carlos III de Madrid.
Tras confirmarse el contagio, la ministra compareció en una rueda de prensa criticada por la falta de respuestas que quedaron sin contestar sobre las causas del contagio -que aún se desconocen_y por la sensación de inseguridad que transmitieron. En esa misma semana la ministra mantuvo diferentes reuniones con los grupos políticos y las comunidades, pero cinco días más tarde el Gobierno decidió constituir un comité especial liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que dejaba a Mato en un segundo plano y sin embargo ella lo vio como un “acierto”.
Tras una vida dedicada a las tareas de su partido, primero de la mano de Aznar y después como persona de confianza de Mariano Rajoy, Mato fue la elegida por el presidente del Gobierno para coordinar la gestión de la sanidad.