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La gestión de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid podría acabar ante la justicia. El 14 de mayo el expresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Guillermo Sierra, pedía a la misma, ante la falta de respuesta a sus preguntas y ante las noticias difundidas sobre la existencia de posibles fraudes e incumplimientos de la normativa del organismo colegial, una serie de documentación y fijaba un plazo de 5 días para recibirla. En caso contrario, el también compromisario de la Asamblea del Icomem aseveraba que emprendería acciones legales ante las autoridades judiciales y administrativas. Pues bien, el plazo se ha cumplido y desde la junta que preside Sonia López Arribas no hay noticias. Así lo ha asegurado a GM el propio Sierra, que insiste en que si en los próximos días no hay respuesta pasará a la acción. “Cuando un compromisario tiene dudas y hace las preguntas por los cauces reglamentarios lo lógico es que se le responda. Agotaré todas las vías para que así sea”, matizó al tiempo que comentó no entender por qué si hacen gala de su transparencia, la junta no predica con el ejemplo. Entre los documentos solicitados están las actas de los órganos de gobierno del Icomem desde la toma de posesión de la actual Junta Directiva, ya que “hay que ver si éstas están aún sin firmar por la presidenta”, sospecha Sierra.
En el documento pide también la relación de todos los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno del colegio que no han sido objeto de total y pleno cumplimiento, la contabilidad de 2012 y la que corresponde de 2013, así como la relación de todos los movimientos económicos con la concreción de ordenantes y beneficiarios que incluyan las entidades financieras con las que haya relación, detallando los productos,
Al respecto, además, el expresidente colegial puntualiza que la petición de estos documentos es independiente de la existencia de una auditoría. Y no es baladí este comentario, puesto que la semana pasada el Icomem emitía un comunicado en el cual, sin apenas detalles, se señala que la auditoría externa realizada por la consultora BDO —que tiene entre sus clientes a empresas como Pescanova, a la que auditó sus cuentas desde 2002— confirman el superávit de 84.165 euros que presentó la Junta en la Asamblea de Compromisarios el pasado 19 de marzo y que sus flujos de efectivo “responden a la legalidad”.
El listado continúa en relación a la petición de los gastos de representación de cualquier miembro de la Junta Directiva así como de cualquier colaborador, asesor o trabajador del ente y sigue con la certificación literal de las actas de la Junta en la que se acuerda la modificación de los estatutos y de las personas encomendadas para la gestión y ejecución del texto de propuesta de reforma estatutaria. Cabe recordar que el compromisario remitió una redactado alternativo al artículo 4 para garantizar la independencia del colegio y en contra del texto propuesto por López Arribas (ver GM nº 467), al considerar que la expresión “el Colegio contratará en condiciones ventajosas” abre la puerta a la contrataciones con empresas, que en ningún caso están dentro de las funciones del colegio.
Pero donde de verdad la relación de peticiones se incrementa es en lo referente al exdirector gerente Antonio Mora. Sierra solicita su contrato, sus poderes, la relación de actos de representación que ha llevado a cabo, los documentos en los que haya participado, su currículum, gastos y costes que ha supuesto, así como reclamaciones o demandas contra el Icomem. “Una de las grandes dudas que tenemos es si se han revocado sus poderes como director gerente. Este señor nos ha demandado a todos los colegiados y somos los que vamos a tener que pagar las consecuencias si la demanda prospera”, concluye.
“El colegio está utilizando el estandarte de la transparencia, pero no da la información”
“Tenemos la duda de si se le han revocado los poderes a Antonio Mora como director gerente”
