SALUD PÚBLICA/ Satisfechas con el anteproyecto, las sociedades tratarán de mejorarlo

br

Regula la formación, acreditación, reacreditación e investigación del profesional

Plantea actuaciones más allá del SNS que se coordinen con otras administraciones

| 2010-07-09T17:49:00+02:00 h |

MÓNICA RASPAL

Madrid

La futura Ley de Salud Pública —cuyo anteproyecto recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 4 de junio— supondrá una mejora ostensible de las competencias de los profesionales de esta área, pues abre la puerta a una carrera profesional (CP) basada en la excelencia y el mérito —no en la antigüedad— y establece un posgrado oficial con carácter de máster, incidiendo en la importancia de la formación, acreditación, reacreditación e investigación de los médicos y del resto de profesiones sanitarias implicadas. Esto supondrá una gran motivación para estos especialistas que no dan altas quirúrgicas, que trabajan en silencio, y que agradecerán este reconocimiento a su labor.

Norma consensuada

Ésta es una de las muchas razones por las que las sociedades españolas de Epidemiología (SEE) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se muestran más que satisfechas con este planteamiento legislativo, aunque esperan que algunos aspectos que todavía no están bien definidos mejoren durante la tramitación, fase en la que continuarán participando pues, tal y como ha resaltado Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex presidente de la SEE, a diferencia de otras leyes, en esta ocasión las sociedades y los expertos han sido consultados desde el inicio de su elaboración.

Por ello, el pasado 8 de julio, tras mostrar su apoyo al redactado en rueda de prensa, los representantes profesionales del sector mantuvieron un encuentro con diputados y senadores de los diferentes grupos con el objetivo de valorar un texto que esperan esté aprobado dentro de un año con el consenso de todos los partidos políticos y quizá sacando adelante la creación de la agencia estatal que, según el presidente de Sespas, Andreu Segura, finalmente no ha sido contemplada por un tema “coyuntural”, pues el contexto no es el más adecuado para crear nuevas infraestructuras.

Aunque Fernando García Benavides, presidente de la SEE, se muestra confiado en conseguirla, tanto él como Segura no supeditan su conformidad con la norma a este logro, pues aun sin ella creen que supondrá una “reorientación” del sistema sanitario hacia la prevención y la protección de la salud de forma más “colectiva y comunitaria”, actuando como una “bisagra” entre la sanidad y la sociedad.

Este objetivo pasa, para García Benavides, por desarrollar actividades que vayan más allá del Sistema Nacional de Salud (SNS), fomentando las relaciones entre las administraciones sanitarias, de Medio Ambiente, de Agricultura o de Trabajo, entre otras muchas, pues todos los factores son causas tanto de enfermedad como de salud. Para ello contempla la creación de un Centro de Evaluación de Políticas de Salud Pública, una visión más moderna que va más allá del actual Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Políticas causales

La ambición de la norma, en definitiva, es crear un nuevo sistema de relaciones económicas, sociales y culturales y dar a luz a una nueva generación de leyes y normas de relación social con la salud y el crecimiento sostenible como base, tal y como defiende Porta, quien insiste en la necesidad de poner fin a las políticas cortoplacistas —en ocasiones coaccionadas por grupos de presión que quieren dar salida a sus productos— y fomentar las de consecuencia y causales, es decir, las que realmente mejoran las causas de los problemas de salud, beneficios que a veces son invisibles y que esta regulación, que no es precisamente coyuntural, quiere sacar a la luz para cuantificarlos, darles valor de cara a los ciudadanos y potenciar así la inversión. “El gran reto es que el debate no quede secuestrado por la medicina asistencial, por ideologías y corporativismos”, apunta.

Principios para actividades

Para este catedrático, las promesas financieras han creado un consumismo eufórico que ha incidido en el ámbito sanitario y que la futura ley quiere paliar estableciendo los principios que van a regir cualquier intervención preventiva, como la proporcionalidad de las actividades respecto a lo que se quiere evitar o la efectividad demostrada de éstas junto a un estudio de impacto real pues, en contra de la creencia general, estas acciones no son inocuas, explica Segura.

Todos estos aspectos deberán ser desarrollados después por los servicios autonómicos de salud, aunque Benavides remarca que cuenta con un entramado institucional definido —una Estrategia Nacional, un Consejo Estatal y una Comisión Permanente— que favorecerá la coordinación y cooperación entre regiones, una “asignatura pendiente” en salud pública en nuestro país, según Porta.