Con las puertas cerradas. Así permanecieron las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana los pasados 7 y 8 de junio tras comprobar que la Generalitat incumplía su último compromiso de pago. De nuevo, el ejecutivo valenciano puso a prueba de bombas la paciencia de los farmacéuticos y, para abonar los 120 millones correspondientes a la facturación de enero, apuró hasta la jornada previa a la huelga. Pero ya era tarde y las farmacias valencianas optaron por cumplir los paros aprobados por las respectivas asambleas colegiales. Esta situación no resultó novedosa, puesto que ya tuvo su precedente el pasado mes de diciembre.
Ahora, sin embargo, el colectivo se encuentra con un panorama aún más desolador que entonces, puesto que no cuenta ni siquiera con un calendario de pagos para saldar la deuda acumulada, por lo que vive pendiente de compromisos verbales que no siempre llegan a plasmarse en los plazos establecidos. Escarmentados de las anteriores promesas incumplidas, los boticarios optaron esta vez por tener preparadas sus armas en previsión de que volviera a retrasarse el pago de las recetas de enero, como así ocurrió.
Ni siquiera las declaraciones del consejero de Sanidad, Luis Rosado, que anunció el abono de esta factura, evitaron la celebración de los paros. Es más, estas palabras avivaron el ambiente de tensión que se vivió la semana pasada en esta comunidad. “Creemos que es un trastorno para los ciudadanos sobreañadido”, sostuvo Rosado, quien consideró que las jornadas de cierre patronal “no se debían realizar” por haberse procedido al pago de una facturación, “con el esfuerzo que supone recopilar los 120 millones de euros”.
A la explicación de Rosado se sumó el comunicado de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), que solicitó al las boticas la suspensión de la protesta ante la llegada de dicho pago. “Lamentamos enormemente tomar esta decisión pero nos vemos abocados, ya que las farmacias no pueden soportar económicamente esta situación de impagos reiterados”, respondió la presidenta del COF de Valencia, María Teresa Guardiola.
Asimismo, desde el colegio de Alicante quisieron matizar que los 479 millones de euros, que el consejero afirmó haber pagado este año a las farmacias valencianas, corresponden a la deuda que se arrastraba de 2011. “Para nuestra desgracia, aún la llevábamos arrastrando, a costa de nuestro propio endeudamiento”, lamentaron desde esta institución colegial.
Reinó la “normalidad”
Por ello, nada evitó que los boticarios llevaran a cabo su protesta, para la cual se fijaron unos servicios mínimos del 14 por ciento. Por provincias, estos servicios mínimos afectaron a 68 boticas de Castellón, 173 de Valencia y 74 de Alicante. Por su parte, Rosado transmitió “tranquilidad” a los ciudadanos al garantizar que no habría “ninguna pérdida de ningún medicamento donde se necesite”.
En concreto, la primera jornada de cierre fue secundada por el 98,3 por ciento de las farmacias, “la inmensa mayoría”, según datos del COF de Valencia. Esta jornada transcurrió “con normalidad y sin ninguna incidencia destacable”, según informó el consejero. Del mismo modo, el segundo paro contó con un alto seguimiento, lo que para el presidente del COF de Castellón, Jesús Bellver, pone de manifiesto la “indignación” de los compañeros.
El colectivo de farmacéuticos valencianos espera ahora que las protestas den como resultado la llegada de un calendario de pagos “real y asumible”, porque, como recordaron, las farmacias deben pagar puntualmente a sus empleados y proveedores, así como cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y pagar las deudas bancarias contraídas a causa del impago.
Unas obligaciones difíciles de cumplir para unas boticas a las que todavía se les adeudan las facturas de febrero, marzo y abril. A ello habría que sumar que las farmacias llevan ya dispensadas las recetas de mayo y de lo que va de junio. El impago asciende así a unos 480 millones de euros, motivo por el cual las oficinas de farmacias se verán obligadas a “vender su stockaje y a trabajar sobre pedidos, como hace años”, señaló Bellver.
Además, Guardiola destacó que, antes cifras, hay farmacias a punto de cerrar. “No queremos llegar a la situación de Grecia, donde un tercio de las farmacias han tenido que cerrar por culpa de las deudas de la administración y otras están cobrando el precio íntegro de los medicamentos a los usuarios, pero a este paso, todo puede pasar”, afirmó la presidenta del COF valenciano. De hecho, según manifestó, además de las 30 farmacias que ya están en concurso de acreedores, existen otras 400 que se encuentran “al límite”.
Asimismo, la presidenta de los farmacéuticos valencianos mostró su preocupación por el hecho de que esta comunidad autónoma absorba en julio y agosto gran parte del turismo nacional y extranjero. “Se puede dar la situación de que las farmacias estén desabastecidas y sin medicamentos al no poder comprar los medicamentos necesarios para estos meses, con la mala imagen que se puede ofrecer a los ciudadanos europeos”, advirtió.
Otros cierres patronales
Esta no es la primera vez que las oficinas de farmacia recurren a un cierre patronal como medida de presión. Los farmacéuticos valencianos optaron, por primera vez, por esta forma de protesta contra los RDL 4/2010 y 8/2010, una decisión que volvieron a adoptar en 2011, esta vez, por los impagos. Entonces, el colectivo planteó un cierre patronal durante tres días alternos, para antes del 20 de noviembre del año pasado. El ejecutivo valenciano respondió a este anuncio con un calendario de pagos diferente al presentado inicialmente, motivo por el cual la huelga finalmente no se llevó a la práctica.
En cambio, apenas un mes después, las farmacias valencianas sí celebraron dos jornadas de cierre patronal, durante el 19 y 20 de diciembre de 2011, que obtuvieron un seguimiento cifrado por los convocantes en un 99 por ciento y un 97 por ciento, respectivamente. La protesta parece que surtió su efecto y el abono de 60 millones de euros de la deuda llevó a la suspensión de la tercera y última jornada de protesta.
De este modo, las farmacias valencianas tomaron el testigo a las boticas castellano-manchegas, que protagonizaron, el 11 de agosto de 2011, el primer cierre patronal de farmacias en España por motivo de impago. Desde entonces, la amenaza de nuevos cierres ha sido una constante en la Comunidad Valenciana, donde se fijaron cierres para los pasados días 1, 2 y 3 de marzo, así como para el 12, 13 y 14 de marzo, en caso de no abonarse dos de las facturas impagadas. La llegada de estos pagos volvió a frenar la convocatoria de cierres. Ahora, la situación se ha repetido pero con distinto final.
