Su nombre correcto y completo es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aunque la mayoría se refieren a ella como ‘la Ley de Dependencia’. Una ley que, según califican desde diferentes asociaciones de pacientes, no necesita grandes cambios en su redactado, sino más financiación para poder cumplir todo lo que plantea.
Con el objetivo de analizar cuáles son los principales obstáculos con los que se topan las personas que quieren que se les reconozca un cierto grado de dependencia, los trámites más complejos o si existen o no criterios comunes en todas las comunidades autónomas a la hora de asignar prestaciones, se celebró en la sede del grupo Wecare-u el debate ‘Necesidades de las asociaciones de pacientes, alrededor de la Ley de Dependencia’.
Al respecto, María Gálvez, de la Federación Española contra el Parkinson (FEP), advirtió de que existe “una gran demora” en la concesión del grado de dependencia y que llegan a producirse retrasos de un año y medio. Otra situación criticada por Gálvez, y apoyada por el resto de asistentes, es el estatismo al que están sujetas las personas dependientes que ven cómo, pese a que la patología evoluciona, en ocasiones, su grado de discapacidad no fluctúa.
Asimismo, Santos Yuste, de la Liga Reumatológica Española (LIRE), remarcó que la barrera más importante es la que tiene que ver con la gestión de los tiempos. “Los tiempos desde que se presenta la documentación, hasta que se realiza la valoración son muy largos y difieren entre una comunidad y otra”, apuntó, al tiempo que incidió en que mientras que la ley habla de una espera de entre 30 y 45 días la realidad se traduce en, incluso, más de 12 meses.
Otro de los hándicaps que existen en la actualidad es que al solicitar una revisión del grado de dependencia puede suponer que una reducción o incluso supresión del mismo.
Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Española contra la Osteoporosis (Aecos), reconoció que la reducción de los presupuestos es uno de los motivos que han propiciado esta situación. Además, agregó: “como la sanidad está transferida a las comunidades y cada una actúa en función a los recursos que dispone, los medios, el número de personas dependientes, etc., se generan inequidades entre una CC.AA. y otra; incluso dentro de la misma comunidad, dependiendo de quién y cuándo te valore también se ven diferencias”.
A su vez, Yuste cogió el testigo para añadir que, aunque la ley dice que se siga el mismo criterio, las autonomías administran y gestionan los fondos como consideran más oportuno y “adaptan la ley de acuerdo con sus necesidades”.
Más financiación
Otro de los puntos en los que hubo un acuerdo unánime fue en lo que respecta a la financiación.
Los asistentes al encuentro remarcaron que no hay suficientes fondos para llegar a todas las personas que necesitan apoyo y, mucho menos, “si cada CC.AA. gestiona dichos fondos en función del presupuesto que se le ha adjudicado”, como dijo Gálvez.
Desde la FEP, también se detectó que el número de bajas por defunción supera con creces al número de altas. “Se deja de adjudicar el grado de dependencia a 60 personas y se da de alta a dos”, lo que pone de relieve “que los fondos están disminuyendo y que ya no se concede el grado de discapacidad siguiendo los criterios establecidos”.
Para Yuste, el hecho de que las autonomías se escuden y escondan detrás de los ayuntamientos también influye, ya que estas corporaciones son las que “dan la cara, pero al final no tienen competencias ni convenios para proporcionar todos los servicios”.
Es más, el representante de la LIRE destacó que, debido a la falta de apoyo económico —los ayuntamientos cuentan con menos fondos—, en los últimos dos años han desaparecido alrededor de una veintena de asociaciones, pasando de 117 a 97 o 98.
También se aprovechó el marco para pedir que el sistema que se emplea para tramitar el grado de discapacidad se aúne con el sistema para solicitar el grado de dependencia. “Hoy por hoy llevan caminos diferentes y deberían confluir en un mismo protocolo”, sugirió Javier Salguero, director del Área de Pacientes, Ashfield Comercial & Medical Services.
Antes de concluir, Yuste insistió en que para darle prioridad a esta ley, se debería contar con otra normativa estatal a largo plazo que estuviese acompañada de una hoja de ruta que marcase los objetivos a conseguir cada año.
La ley fija el tiempo de espera entre 30 y 45 días, pero
la realidad es que puede alargarse más de 12 meses
Es imprescindible
más financiación para poder llegar a todas las personas dependientes
Carmen Sánchez, Asociación Española contra la Osteoporosis
Sabemos cómo movernos dentro de la administración
y a quién dirigirse”
Santos Yuste, Liga Reumatológica Española (LIRE)
La tramitación
es sencilla, pero
al mismo tiempo es larga y poco accesible”
María Gálvez, Federación Española contra el Parkinson (FEP)
No hay fondos suficientes para llegar a todos los
que necesitan apoyo”
Javier Salguero, director del Área de Pacientes de Ashfield
Se precisan vías de colaboración para mitigar esos problemas”
