La memoria anual del Consejo Económico y Social (CES) de 2015, que repasa la protección de la salud y el sistema sanitario por su impacto en la calidad de vida y la cohesión social, acaba de ver la luz. En su último análisis, elaborado por un grupo de trabajo con representación de sindicatos, patronal, organizaciones de consumidores y expertos designados por el gobierno, se revisan las novedades que irrumpieron en escena a lo largo 2015, una etapa marcada todavía por la crisis y, según cita textualmente, “por la difícil tarea de lograr el equilibrio entre el acceso universal a unos servicios sanitarios de calidad y la asunción de restricciones presupuestarias”.
El texto remarca las presiones para el cumplimiento del déficit desde la Unión Europea (UE), que suponen en la práctica una limitación para priorizar, como también marcan desde la esfera europea, la mejora del acceso de los ciudadanos a una asistencia sanitaria segura y de calidad, así como fomentar y prevenir enfermedades.
En la revisión anual, el documento subraya que las reformas emprendidas en nuestro país en los últimos años sobre el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) han logrado reducir el gasto sanitario, pero han podido causar efectos no deseables en algunos aspectos, y cita como un indicador expresivo de esta circunstancia las listas de espera.
En el último año, la lista de espera quirúrgica aumentó con respecto a 2014 (ver cuadro). Los datos muestran un total de 549.424 pacientes en espera estructural, frente a los 511.923 de 2013. No obstante, no alcanza la cifra de 559.335 de pacientes en espera estructural registrados en 2013. El porcentaje de pacientes por 1.000 habitantes afectados también subió del 11,4 al 12,3 en 2015, volviendo a cifras de 2013. En la misma línea, constata un aumento en el tiempo medio de espera de 89 frente a 87 en 2014, y rompe la tendencia a la baja que se registra desde 2012, cuando el tiempo medio de espera rondaba los 100 días.
Un reto de la especializada
En su interpretación de estos datos, los autores consideran que se trata de uno de los retos de la atención especializada y admiten que aunque es un problema estructural en muchos sistemas públicos de atención a la salud, no debe descartarse el hecho de que el incremento reciente del número de pacientes que no ha podido ser operados, pueda responder también a las circunstancias económicas desfavorables y a la bajada de los recursos dedicados a este elemento fundamental de la protección social. De hecho, las quejas por las demoras en la prestación sanitaria son uno de los asuntos más recurrentes en la oficina del Defensor del Pueblo, que considera que estos retrasos siguen siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública.
Pese a todo, apunta a que el sistema ha seguido funcionando a todos sus niveles y a que el incremento del presupuesto ha permitido dar entrada a nuevos empleados en respuesta a las necesidades de reposición de plantilla del SNS.
El análisis de 2015 obvia esta vez la situación de los profesionales sanitarios, que ocupó un espacio importante en el informe del año anterior. Pone el foco en esta ocasión, como tema transversal a todos los contenidos abordados, en el binomio crisis y desigualdad, desde la perspectiva de una recuperación sostenible.
En esta línea, se ha evaluado también la necesidad de atención médica. En nuestro país, este indicador muestra valores inferiores a la media de la UE. Hasta 2013, este problema afectó a menos de un 10 por cien de la población y refleja diferencias entre las personas con distintos niveles de renta según su ocupación profesional, según cita el documento.
Entre los trabajadores no cualificados y los cualificados del sector primario y semicualificados, la inaccesibilidad es ligeramente superior al resto y ha aumentado desde 2009.
La atención a la salud bucodental que se realiza en el circuito privado realiza en el circuito privado es la que refleja diferencias importantes. En este punto, en España se supera la media europea del indicador de falta de atención por ingresos insuficientes, con más del 26 por ciento en las clases más humildes, frente al 3,8 por ciento entre los profesionales mejor situados. Un seis por ciento de las personas de clase baja muestran también dificultades para adquirir los medicamentos recetados, tal y como recoge la memoria.
Salvo la salud bucodental, las diferencias por estatus no parecen relacionarse con el acceso a la atención sanitaria, remarcan los autores, que también han revisado la actividad de atención primaria y especializada, que se mantiene o ha seguido a la baja en 2015.
