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Todas las dudas sobre el nuevo copago se materializarán a partir de esta semana, con las comunidades divididas sobre si aplicarlo o no y cómo hacerlo. La primera cuestión parte del propio argumentario del Real Decreto-ley 16/2012: si el copago está incluido entre otras reformas urgentes para garantizar la viabilidad del SNS, entonces la situación financiera de cada región debería contar a la hora de implantarlo. Esta idea ha llevado al País Vasco a publicar un decreto para no aplicarlo, que también contempla mantener la prestación sanitaria a colectivos excluidos en la reforma del gobierno, como inmigrantes indocumentados. Su postura respecto al copago farmacéutico está en las antípodas de otras regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana, que ya anunciaron que estarían en disposición de empezar la aportación farmacéutica por renta el 1 de julio.
Responsables de estas comunidades así lo manifestaron en la jornada organizada la semana pasada por Contenidos-GM, “Reforma sanitaria del RDL 16/2012: ¿Cómo se adaptará a la sanidad autonómica?”, en colaboración con Bayer, Stada y Johnson & Johnson. El objetivo era conocer de primera mano el efecto del decreto sobre el Sistema Nacional de Salud, sus profesionales y proveedores, así como evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y el grado de cohesión alcanzado entre las diferentes comunidades autónomas. A la vista está que la nueva aportación farmacéutica no supera el examen de cohesión.
Recursos humanos
Los cambios en materia de recursos humanos adoptados en los últimos años en País Vasco, entre otros factores, han permitido que la situación de partida de esta comunidad sea bien diferente. Como consecuencia de las tres líneas de trabajo implementadas desde 2009 (atención al paciente crónico, paralización de estructuras —hospitales, principalmente— que pusieran en riesgo la sostenibilidad de las cuentas y mejora de la productividad interna), el País Vasco ha evitado costes en cuantías “mucho mayores” de los mil millones que logrará el RDL 16/2012, según Julián Pérez, director general del departamento de Sanidad vasco.
Para mejorar la eficacia en la gestión de los profesionales, explicó Pérez, se reordenaron los puntos de atención continuada, se redujo el número de horas de contratación temporal, al igual que los puestos directivos y mandos intermedios, se rebajaron los salarios, se suspendieron las aportaciones a fondos de pensiones, y se eliminaron o disminuyeron los complementos por incapacidad temporal, además de intensificar el control del absentismo.
Pero además, País Vasco se esforzó por mejorar la eficiencia, potenciando la creación de nuevos roles de enfermería, disminuyendo las consultas presenciales, impulsando la hospitalización a domicilio, desarrollando hospitales de subagudos y rebajando la estancia media en los hospitales de agudos, en el marco de la conocida estrategia de crónicos, tal y como explicó el director general de Sanidad vasco.
Los resultados están ahí: sólo potenciando los hospitales de subagudos Osakidetza ahorró en 2011 más de seis millones de euros, una cantidad similar a la que dejaron de gastar las consultas no presenciales en atención especializada y muy por debajo del ahorro que supusieron las consultas telefónicas que descargaron la atención primaria, cifrado por encima de los 47 millones de euros.
“Como consecuencia de esto y de la situación que tenemos en País Vasco, donde no existe deuda con los proveedores, la situación nos permite afrontar el reto de futuro sin adoptar medidas de reducción de prestaciones, y una de ellas es la prestación farmacéutica”, concluyó Julián Pérez.
Cuestión de competencias
Las competencias han pesado más que los dos argumentos lanzados desde el Gobierno central para cumplir el decreto. Por un lado, el Ministerio de Sanidad asegura que la ley es de obligado cumplimiento. Por otro, el Ministerio de Hacienda avisó hace unos días que las autonomías solo recibirán ayuda del Estado para financiar su deuda si habían aplicado los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos (ver GM nº 428).
Junto a País Vasco, única región que por el momento no aplicará el copago, están aquellas que lo aplicarán sin establecer protocolos de devolución a los pensionistas. Cataluña ha anunciado que trabaja en la misma línea de Andalucía, es decir, impedir que se superen los topes de aportación. Así lo explicó el gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catalán de Salud, Antoni Gilabert.
Los defensores del nuevo copago aseguran que la medida es necesaria, no solo para prevenir nuevos recortes, sino para ubicar a España entre los países de su entorno que han adoptado el copago por renta en beneficio del Estado de Bienestar. En España el gasto farmacéutico per cápita es un 40 por ciento superior al de países como Dinamarca, Bélgica o Reino Unido, siendo como son más baratos. “No creo que estemos más enfermos: algo no estaba bien pensado en nuestro modelo de farmacia”, dijo el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que además explicó los cinco tramos de pago que existen en Suecia, donde los usuarios deben aportar entre 79 y 471 euros al año, o los nueve euros por receta que hay que pagar en Reino Unido.
Tampoco es cierto, según Fernández-Lasquetty, que esta semana haya empezado el copago. “La sanidad era gratuita en el momento de la prestación y lo va a seguir siendo, mientras que la farmacia no era gratuita y no lo va a seguir siendo. Es más, lo será de forma más equitativa, más solidaria y más lógica”, explicó el consejero, para quien también era necesario cambiar un sistema que databa de 1979. Entonces, la aportación del usuario era del 20 por ciento; ahora estaba en torno al 6.
Y dio una razón más: Madrid destina 2.000 millones a gasto farmacéutico, sobre un presupuesto sanitario de 7.000 millones. “Es más del 10 por ciento del total de la Comunidad de Madrid; gastamos más en Farmacia que en universidades o que en todo el sistema de transportes”, concluyó.
El turismo no solo deja dinero, también supone un gasto sanitario muy importante y, a veces, “totalmente irregular”. Así, lo señaló Manuela García, secretaria autonómica de Sanidad de la Comunidad Valenciana, firme defensora de las medidas incluidas en el RDL 16/2012 para acabar con una práctica que, según el Tribunal de Cuentas, dejó sin cobrar 971 millones en 2011.
La web de la embajada del Reino Unido en España, que recomienda a sus ciudadanos —los europeos que más nos visitan, junto con belgas y franceses— empadronarse para beneficiarse, entre otras cosas, de una reducción de los impuestos, del derecho a voto y del derecho a la Sanidad es la punta de un iceberg de cifras que la región ha asumido hasta la fecha con infrafinanciación. “Tenemos 527 euros per cápita menos que la comunidad con mayor presupuesto”, dijo García, que denunció además que el perfil del turista y su demanda es en algún caso “sospechosa”: la consulta externa más numerosa es traumatología. “Quizá sí vienen a verse sus caderas”, especuló la secretaria general.
En verano de 2011, los ciudadanos no empadronados aumentaron su población un 4,2 por ciento en la región, y ocasionaron un gasto sanitario de 127 millones de euros. De ellos, 98 fueron generados por desplazados de otras comunidades, que tras el RDL 16/2012 serán cubiertos por el Fondo de Garantía Asistencial; el resto por turistas: se facturaron (que no se cobraron) más de 28 millones de euros. Ello implicó gastos añadidos: 3,3 millones de euros en personal de refuerzo y 31 consultorios más abiertos en verano.