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La dispensación a domicilio de productos sanitarios en la Comunidad Valenciana despierta dudas en el sector farmacéutico. El presidente de Sefac de esta región, Otón Bellver, insiste en que esta tarea deben realizarla profesionales cualificados. “Podemos encontrar la paradoja de que el mismo paciente al que se le ofrece este servicio para evitarle un desplazamiento a su farmacia habitual, deba desplazarse a la misma para resolver dudas”, subraya Bellver.
Un decreto-ley que supone una ‘declaración de guerra’ al sector de oficinas de farmacia, refrendada con la denuncia del concierto por parte de la administración regional, y con el que la Generalitat pretende ahorrar 300 millones de euros, un ahorro que ponen en cuestión los propios farmacéuticos. Esta normativa, además de recoger aspectos que según los afectados son de dudosa legalidad, como la posibilidad de abrir la puerta a la concertación individual, también recoge otra serie de medidas como la prestación farmacéutica a domicilio de absorbentes de incontinencia y productos dietoterápicos.
Esta semana se iniciará un pilotaje, denominado proyecto Akasa, en 600 pacientes del área de la comarca del Camp del Túria. Un piloto, que posteriormente se extenderá a la distribución de dietoterápicos, con el que la Generalitat pretende evaluar una iniciativa orientada a ahorrar a la comunidad 10 millones, ya que se ahorrarían el margen de la farmacia. Eso sí, desde el sector se duda de que se produzca ese ahorro, ya que “los cálculos que se hacen son demasiado optimistas”.
Ante este panorama, los farmacéuticos se quejan de la falta de comunicación. “El decreto-ley es un ejemplo de que se adoptan medidas no consensuadas y no habladas con el colectivo”, precisó Jaime Carbonell, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
