La Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré i Casals, se ha comprometido a la apertura de un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas durante una reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación de afectados por los recortes.
Todas estas instituciones vienen denunciando la suspensión de tratamientos contra enfermedades graves como consecuencia de la reducción de los cuadros clínicos. Ferré i Casals ha asegurado que tramitará los casos individuales que estas asociaciones le hagan llegar a través de un modelo de queja.
El Gobierno ha insistido en que la continuidad asistencial se encuentra en la actualidad garantizada y que los últimos Presupuestos Generales del Estado incluyen un crecimiento del uno por ciento en las partidas de Muface y las mutualidades. No obstante, las mutuas han asegurado que este incremento es insuficiente ante el aumento del IVA sanitario.
