juan pablo ramírez Madrid | viernes, 05 de febrero de 2016 h |

La decisión de la Autoridad en Fertilzación y Embriología de Reino Unido (HFEA, por sus siglas en inglés) de permitir el inicio de una investigación para la edición genética de embriones humanos ha reabierto el debate en la comunidad científica internacional sobre las implicaciones éticas de este tipo de proyectos.

En virtud de este permiso, la doctora Kathy Niakan del Instituto Francis Crick de Londres iniciará una investigación para conocer los genes implicados en la implantación del embrión en el útero con el fin de aumentar la eficacia de la fertilización in vitro. Para llevar a cabo su trabajo utilizará la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, una elección que también ha generado polémica.

Se trata de la primera vez que un organismo europeo concede una autorización para la edición genética del embrión humano. Solo existe un antecedente en el resto del mundo. El año pasado, China completó un estudio de estas características.

La noticia ha sido acogida con optimismo en parte de la sociedad científica británica. Sin ir más lejos, el presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Robert Lechler, se mostró entusiasmado en un comunicado emitido por su institución una vez conocida la autorización de la HFEA. “La edición genética se podría aplicar en el futuro para tratar o prevenir enfermedades incurables y otras enfermedades hereditarias”.

Pero también ha generado dudas, cuando Niakan realizó la solicitud para comenzar sus trabajos, un grupo de científicos, la mayoría estadounidenses, pidieron una moratoria para iniciar un debate sobre la “modificación de la línea germinal”. No es la única voz que se ha manifestado en esta línea. A pesar de mostrar su apoyo a la decisión de la autoridad británica, el propio Lechler apuntaba la importancia de que “exista un diálogo entre científicos, especialistas en bioética, profesionales del sistema de salud, reguladores, pacientes y sus familias y el público en general”, añadió.

Dudas sobre la tecnología

María Barreira González, una investigadora española que trabaja en el Instituto de Células Madre de Cambridge del Consejo de Investigaciones Médicas en Reino Unido, también defiende la necesidad de un debate “informado” público y político. “Esta medida se ha tomado muy rápido y sienta un precedente en Europa”, advierte. Desde su punto de vista, “las técnicas de edición genómica acaban de llegar y no se conocen las implicaciones y consecuencias que pueden tener”, añade. El miembro del Comité de Bioética de España, Nicolás Jouve de la Barreda, expone también dudas sobre la tecnología. “Por la imprecisión de la técnica, el embrión puede verse alterado en secuencias de ADN que no tengan que ver con el gen concreto que se desea modificar”, explica. Pero más allá de estas consideraciones, se muestra contrario a la destrucción de los embriones tras la investigación como ha planteado Niakan, una acción que iría “en contra la dignidad humana”, afirma Jouve.

La decisión de la HFEA sienta un precedente, del que se desconocen aún los efectos que pueden tener en legislación. “Si mañana se produce un debate en el parlamento británico, esta decisión va a condicionar ese proceso”, señala Barreira-González.

La posibilidad de que una aprobación de estas características llegue a España parece más complicado ahora mismo, según Jouve. El experto descarta que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida pueda tomar decisiones de estas características. “Un proyecto así sería desautorizado con la ley española actual”. La norma de Reproducción Asistida de 2006 “prohíbe tocar en línea germinal, no se puede hacer investigación con embriones”, una opinión que también respalda César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y miembro del Comité de Bioética de España: “Para llevar a cabo una investigación de este tipo tendría que cambiarse la ley”.

Sobre la posibilidad de una legislación específica en el futuro, Anna Veiga, embrióloga del Servicio de Medicina de la Reproducción de Salud de la Mujer Dexeus, considera que no debe haber una normativa. “Los países en los que se hacen bien las cosas disponen de comisiones que evalúan proyectos a niveles que las leyes no están cubriendo porque los avances van un ritmo más rápido que los cambios legislativos”. Veiga no coincide con el punto de vista de Nombela y Jouve y considera que sí se podría dar el caso de que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida en España pueda dar el visto bueno a un proyecto de estas características.

El precedente chino se encuentra también cercano. Las investigaciones que se produjeron el año pasado ya levantaron una gran polémica. Barreira-González se desmarca de las advertencias sobre los riesgos sobre el bebé a la carta y de las comparaciones con el país asiático. “Las políticas científicas de este país no son tan restringidas y son permisivas, lo cual supone un problema porque podría darse el caso de científicos que se marcharan a este país”, subraya. La científica del Instituto de Células Madre de Cambridge considera que se ha exagerado desde algunos sectores. “Es una autorización muy restringida en el fin, que es totalmente científico”. Sobre las repercusiones de esta investigación, Veiga insiste en que se trata ahora mismo de ciencia básica.

Nombela califica la investigación china de un “completo fracaso”. En el caso de la investigación de Reino Unido, “no prevé avances significativos y contradice la ética sobre no experimentación con embriones”, ya que “esta técnica debe demostrar muchas cosas en cuanto a sus aplicaciones prácticas”.

En esta línea, Jouve la califica de “innecesaria, precipitada e insegura en contra de la ética por la modificación genética en la línea germinal”. Defiende que para realizar esta investigación podrían haberse utilizado embriones de ratones “que tienen exactamente los mismos genes y actúan prácticamente igual hasta donde se conoce”, un argumento con el que no coincide Barreira-González.

Expertos han manifestado
sus dudas sobre la técnica utilizada para la edición genética, CRISPR-Cas9

El Comité de Bioética de España descarta que con la ley actual se puedan aprobar en España proyectos de este tipo