Las afirmaciones de los gobiernos autonómicos de reforzar la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud se encuentran cada vez más lejos de su peso real en los presupuestos regionales. Entre 2008 y 2012, los cinco primeros años de la crisis económica, las comunidades redujeron su aportación a la puerta de entrada del SNS un 8,5 por ciento, según se desprende de la ‘Estadística de gasto sanitario público’ del ministerio de Sanidad. La atención especializada no ha sufrido de la misma manera los efectos de la recesión. Su evolución ha sido irregular. En 2012 experimentó una caída del 2,2 por ciento con respecto al año anterior. Pero si se toma como referencia 2008, creció un cinco por ciento.
Los grupos parlamentarios y los sindicatos coinciden en la necesidad de fortalecer este nivel asistencial. CESM denunciaba en un informe reciente que primaria sólo recibe entre un 14 y un 15 por ciento del presupuesto, a pesar de su capacidad para resolver el 85 por ciento de la demanda sanitaria. Ante esta situación, el secretario general del sindicato médico, Francisco Miralles, sostiene que debería “recibir como mínimo un 25 por ciento de presupuesto sanitario público”. En sus primeros meses al frente del ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, ya mantuvo una reunión con los presidentes de las tres sociedades científicas, SEMG, Semfyc y Semergen.
“La atención primaria necesita un impulso real y para ello es necesario un plan a medio plazo que incorpore las propuestas de profesionales y ciudadanos”, explica el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos.
En la misma línea se expresa su homólogo de Izquierda Unida, que defiende Primaria, como “la verdadera joya del sistema sanitario” y reclama que no sólo sea la puerta de entrada, sino “el eje del SNS”. Esta priorización debe “convivir con la superespecialización”, añade.
Pérdida de peso en el PIB
De estas cifras se extrae que Primaria ha pagado los platos rotos de la pérdida de peso que ha sufrido la sanidad pública en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). En un periodo de crisis en que la economía española ha marchado a la deriva, la sanidad ha visto reducido su presupuesto un 4,13 por ciento. Esta evolución apenas recoge los efectos del Real Decreto 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del SNS. A estos ajustes hay que sumar los 7.200 millones de euros previstos en el Plan de Estabilidad del Gobierno para 2012-2015. Según este mismo documento, el peso de la sanidad pública en el PIB sería del 5,7 por ciento.
Estas cifras han agudizado el debate sobre la sostenibilidad de la sanidad pública. “Una pérdida de un punto hace muy difícil financiar el SNS con los estándares de calidad de los últimos años”, señala el director del Seminario de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro Hidalgo.
El PSOE ya lanzó una propuesta el pasado octubre para modificar la Constitución con el establecimiento de una partida fija y estable anual para sanidad en función del PIB. Incluso ahora en el debate sobre la financiación de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, la formación que dirige Pedro Sánchez ha propuesto que la recaudación procedente del incremento del IVA sanitario se destine a financiar estos fármacos, una propuesta que va en la línea de iniciativas lanzadas por la Asociación de Economía de la Salud (AES). “Otras vías pueden ser generar algún tipo de financiación positiva específica, como destinar una parte fija del IRPF o del IVA a sanidad”, señala Hidalgo.
El Gobierno es consciente de que la llegada de nuevos medicamentos pueden poner en juego otra vez la viabilidad del sistema. El minsterio de Hacienda negocia en la actualidad con la industria un techo de gasto en función del crecimiento del PIB que permitirá financiar las innovaciones.
Los sindicatos de médicos y enfermeros proponen como solución una financiación finalista, que impida que las partidas inicialmente previstas para salud puedan desviarse a otras áreas. “Resulta absolutamente imprescindible que, una vez que, según el Gobierno, se ha iniciado la recuperación económica de nuestro país, los gestores públicos se comprometan en sus respectivos presupuestos a garantizar una financiación acorde con las necesidades reales de los ciudadanos y que ésta llegue en su totalidad a los servicios sanitarios”, señala Víctor Aznar, presidente de Satse.
CESM defiende también el carácter finalista de los presupuestos, de tal manera que “tanto los ingresos potenciales generados, como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, se han de destinar exclusivamente y en su totalidad a financiar la sanidad pública”, insiste Miralles.
Durante estos tres años de legislatura, el PP y el Gobierno han intensificado los esfuerzos para explicar y justificar ante la sociedad la política de recortes y ajustes que han afectado a todas las áreas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto en marcha medidas como el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a “un gasto que supuso generar una deuda de 16.000 millones de euros y un impago reiterado a los proveedores sanitarios que solo puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema”, afirma Teresa Angulo, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Angulo.
En algún momento debe producirse un punto de inflexión. Desde hace unos meses el Gobierno lanza mensajes optimistas orientados hacia la recuperación económica. El Plan de Estabilidad marca que la sanidad debe representar un 6,5 por ciento del PIB en 2020, un porcentaje muy similar al registrado en 2010. La misma previsión muestra que el sistema sanitario supondrá un siete por ciento de la economía española en 2030; un 7,4 por ciento, en 2040; un 7,7, en 2050, y un 7,8 por ciento en 2060.
Ajustes de plantilla
Independientemente del equilibrio en los niveles asistenciales, los capítulos de plantilla y farmacia han sufrido de manera especial los ajustes aplicados por el Gobierno central y las comunidades autónomas. En estos cinco primeros años de la crisis económica, las partidas destinadas a personal se redujeron un 4,1 por ciento y suponen prácticamente un 44 por ciento de los recortes globales.
“Estas medidas no pueden sostenerse a la larga”, advierte el experto de la Universidad de Castilla-La Mancha, que insiste en que el “recorrido en estas áreas se ha terminado agotando”.
Consejos y sindicatos advierten que la presión a la que se han visto sometidos los profesionales terminarán por pasarle factura al sistema. “El tiempo, lamentablemente, nos hará ver que la pérdida de profesionales enfermeros se traduce —como con claridad nos brinda la evidencia científica— en un incremento exponencial de la morbilidad y la mortalidad”, mantiene Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.
Ambos colectivos han venido reclamando un mayor protagonismo para localizar las bolsas de ineficiencia que ponen en riesgo la sostenibilidad. Los acuerdos de la Moncloa con los foros de médicos y enfermeros abrieron una puerta a la esperanza, pero su avance ha resultado demasiado lento.
La mayoría de los actores se muestran pesimistas en sus previsiones. “No quiero pensar en otro modelo que no sea el establecido por nuestra Ley General de Sanidad definido por su universalidad, gratuidad, accesibilidad, equidad, solidaridad, pero está claro que emergen otras iniciativas complementarias a este modelo que van ganando espacio”, advierte González Jurado. Satse también dibuja una tendencia negativa en la que el sistema se ha ido “debilitando para dar paso a un sistema en el que la sanidad privada deje de ser complementaria de la pública para convertirse en el proveedor principal”. El mismo miedo expresa Llamazares que pronostica “un modelo de seguro, privatizado y tecnocrático”. También Martínez Olmos, que avisa: “Si no se corrige el rumbo el sistema sufrirá un deterioro que terminara afectando la calidad y la equidad”.
Angulo defiende las medidas del Gobierno que han permitido que el sistema sanitario “mantenga sus principios de público, universal y gratuito y que garantice y mejore la cohesión, la equidad, la solidaridad y la calidad del SNS”.
Teresa Angulo, portavoz
de Sanidad del PP en el Congreso
la generación de una deuda de 16.000 millones de euros puso
en riesgo la sostenibilidad del sistema”
José Martínez Olmos, portavoz
de Sanidad del PSOE en el Congreso
Si no se corrige el rumbo el SNS sufrirá un deterioro que afectará a la calidad y la equidad”
Gaspar Llamazares, portavoz
de Sanidad de IU en el Congreso
Si continúa esta deriva, nos dirgimos
hacia un modelo de seguro, privatizado
y tecnocrático”
Víctor Aznar,
presidente de Satse
Los gestores deben comprometerse
a una financiación acorde con las necesidades
de los ciudadanos”
Máximo González Jurado, presidente del CGE
Emergen iniciativas complementarias al modelo actual que han comenzado a ganar espacio”
Francisco Miralles,
secretario general de CESM
Atención Primaria debería recibir como mínimo
un 25 por ciento del presupuesto sanitario público”
Álvaro Hidalgo, presidente
del Instituto Max Weber
Una pérdida de un punto del PIB hace muy difícil financiar
el SNS con los mismos estándares de calidad”
El gasto sanitario se situará
en el 5,7 por ciento del PIB, según el Plan de Estabilidad del Gobierno
Especializada experimentó una caída del 2,2 por ciento
en 2012, pero crece en comparación con 2008
“La mayoría de las comunidades autónomas, salvo País Vasco, está financiando la sanidad con gastos per cápita del año 2007”, explica Álvaro Hidalgo, director del Seminario de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente del Instituto Max Weber. La región vasca es la autonomía que destina en la actualidad un mayor desembolso por habitante. En concreto, según los datos del ministerio de sanidad de 2013, dedicó 1.607 euros por persona. En el polo opuesto se encuentra la Comunidad Valenciana, con 995 euros. En total , 611,8 euros de diferencia entre estos dos territorios. Las otras dos comunidades autónomas que presentan partidas más bajas son Andalucía, con 1.009 euros, y La Rioja, con 1.090 euros por habitante. En el periodo que transcurre entre 2007 y 2013, nueve comunidades autónomas han reducido su presupuesto per cápita. El resto mantiene cifras similares salvo País Vasco, que ha incrementado el gasto por habitante cerca de un 18 por ciento. Asturias presentó un aumento del 11 por ciento, lo que la posiciona en el segundo lugar del ránking. A un ritmo menor Cantabria, la tercera comunidad que más invierte, ha experimentado una evolución positiva con un crecimiento del 3,2 por ciento en este periodo.