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La colegiación obligatoria que los sanitarios llevan tanto reclamando y que el Ministerio de Economía tiene previsto incluir para este colectivo en el futuro Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, se ha visto también respaldada por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado la libre colegiación de funcionarios públicos aprobada por la Junta de Andalucía en 2002 dentro de su Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
La sentencia “estima” el recurso presentado por el Ejecutivo central —presidido entonces por José María Aznar— en el que éste argumentaba que la normativa andaluza entraba en colisión con la legislación nacional, incurriendo en un “exceso competencial” y con “infracción” del orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma.
Además, consideraba que la exención de esta obligación a empleados públicos que realizan actividades propias de una profesión colegiada, cuando sus destinatarios son ciudadanos o terceros, vulneraba la competencia estatal para determinar los supuestos de colegiación obligatoria y sus excepciones, algo que la Junta negaba alegando que estatutariamente la región asumió en su día la regulación de los colegios profesionales y que estos trabajadores realizan sus actividades por cuenta de esta Administración.
Para resolver esta “controversia”, el TC ha tenido en cuenta la Ley de Colegios 2/1974 señalando que ésta no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige y que, por tanto, la disposición aprobada por Andalucía la “vulnera”.
Control “más serio y eficaz”
Los consejos autonómicos de médicos y enfermeros han celebrado este fallo asegurando que facilitará un control “más serio y eficaz” de que los sanitarios que están cumpliendo con la legislación vigente y ejerciendo serán auténticamente profesionales titulados y correctamente preparados y de que actuarán con profesionalismo y ética, pues la libre colegiación les impedía llevar un registro y un control.
Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta ha afirmado en un comunicado que acata la sentencia del Constitucional a pesar de que existe una norma posterior —la Ley 10/2003, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía— que está vigente y que hace las mismas excepciones a la colegiación obligatoria que contemplaba la norma de la comunidad en 2002.
Además, el departamento de María Jesús Montero recuerda que este debate está superado pues el Gobierno central está elaborando la nueva Ley de Servicios Profesionales que aborda esta cuestión y sobre el que esta región reiterará su posición respecto a la “no necesidad” de la colegiación obligatoria para el personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas, un rechazo que también ha sido expresado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras.
Por su parte, la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) sí ha mostrado su satisfacción porque en el ámbito de la Administración económica se hayan recogido todas las propuestas en relación a la colegiación obligatoria incluidas en los diferentes documentos aprobados por esta entidad.
Análisis posterior
Sin embargo, la Asamblea se ha limitado a realizar un repaso general del documento y, teniendo en cuenta de que se trata de un borrador de anteproyecto, simplemente han comentado otros aspectos relacionados con la territorialidad del ámbito colegial, la tutela y las incompatibilidades —cuestiones cuya inclusión apoyó recientemente el presidente del Consejo General de Enfermería—, temas importantes que han preferido aplazar para un análisis “en profundidad” en una próxima reunión, cuando conozcan el texto definitivo que vaya al Consejo de Ministros.
Los consejos de médicos y enfermeros podrán ahora llevar un registro de profesionales
La OMC analizará “en profundidad” el texto definitivo que vaya al Consejo de Ministros
