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Profundizar en una colaboración público-privada leal y continuada fue una de las recetas reiteradas en la presentación del estudio ‘Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013’, elaborado por PwC. La consultora lo resume en su sexto ‘tema candente’, en el que explica que la relación entre la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria con la administración sanitaria debe pasar de ser meros “suministradores a socios estratégicos”.
Pero no solo los representantes de la industria se subieron a ese carro de la colaboración público-privada. Los proveedores de servicios sanitarios también reclamaron que la colaboración se amplíe y que incluso se lleve al ámbito de las ideas. Según el consejero director general de Segurcaixa Adeslas, Javier Murillo, “necesitamos repensar el SNS” y para ello debería hacerse “debates abiertos y no dogmáticos que permitieran comparar las distintas iniciativas que se están desarrollando”. Según él, en el ámbito sanitario sobran “dogmas y faltan transparencia e información”.
El presidente de Fenin, Diego Carreño, también abogó por un diálogo que permita moldear el SNS del futuro. “Tenemos que ir a un cambio estructural de modelo, que debe ser fruto del consenso si queremos que sea sostenible”, explicó durante su intervención. No obstante, según él las relaciones entre administración y proveedores se mueven “en dirección contraria al partenariado”. En este sentido, se quejó de que actualmente “solo se mira el stock y su precio” para determinar quién es el proveedor.
Por su parte, el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), José Ramón Rubio puso de manifiesto el buen ejemplo de colaboración público-privada que supone el llamado modelo Muface, al que se acogen el 87 por ciento de los funcionarios que pueden acceder al mismo. No obstante, mostró su preocupación por el hecho de que en los últimos años se ha cerrado el acceso a nuevos mutualistas, con lo que su población “está envejeciendo” y actualmente el “gasto técnico de los asegurados supera la prima”. Por ello, demandó que se permita la incorporación de los funcionarios de comunidades autónomas y entes locales.
Según aseguró, está planteando esta posibilidad a diversas autonomías y está recibiendo una buena acogida. No obstante, uno de los escollos a superar es que hay que modificar la Ley de la Función Pública, algo que para Rubio, no obstante, debería ser un problema más fácil de solucionar “que modificar la Constitución en 72 horas”.
Además, el presidente de IDIS reveló que ha propuesto que se recupere la deducción en el Impuesto de la Renta para las primas de seguros médicos. “Estamos proponiendo que se recupere para rentas inferiores a 30.000 euros”, algo que según Rubio, “ayudaría a tomar las decisiones de acudir a este doble aseguramiento que baja la presión asistencial sobre el ámbito público”.
Por su parte, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, centró su intervención en reclamar que los ahorros no se centren en las innovaciones. Según Arnés, las innovaciones “son lo que aporta valor añadido”. Además, tal y como explicó, “la innovación es la savia para el sector farmacéutico, es la solución a los pacientes y la esperanza para los enfermos”.
Por ello, según el director general de Farmaindustria, el tema más problemático y candente es “garantizar la prestación pública de calidad en un entorno decreciente y con una población más envejecida y demandante”. En este entorno, el reto “sería lograr el acceso de los ciudadanos a las innovaciones y en condiciones de igualdad entre comunidades autónomas”
En este sentido, Arnés solicitó que se dote al Ministerio de Sanidad las herramientas legales suficientes y necesarias para “limitar las prácticas” de las comunidades autónomas dirigidas a restringir el uso de los medicamentos. Según explicó, hay numerosos recursos en el constitucional y “se deben establecer claramente las competencias de unos y otros”.
La falta de inversiones en el ámbito sanitario a causa de la crisis está llevando a que en algunos casos los equipamientos estén próximos a la obsolescencia. Según el presidente de Fenin, Diego Carreño, en los últimos años ha habido un “incremento notable de la obsolescencia ya que ha desaparecido las inversiones en capítulo 6” de los presupuestos. Esto ha dado lugar a que haya “un retraso en la incorporación de la innovación” en el ámbito sanitario.
Tal y como explicó Carreño, según referencias internacionales se recomienda que no más del 10 por ciento de los equipos de tecnología médica tengan una antigüedad superior al 10 por ciento, pero actualmente en España nos encontramos que en algunos casos s triplican estos ratios. Las repercusiones de esta obsolescencia es que, por ejemplo en TACs, los pacientes no se benefician de una menor dosis de radiaciones.
Por ello, según explicó, la no incorporación de tecnología de última generación puede perjudicar gravemente a la calidad del sistema sanitario. Podría llegar a “impedir que se siga desarrollando la actividad sanitaria”, defendió Carreño, mientras que la eliminación del gasto en tecnología sanitaria pasaría, prácticamente desapercibida. “Un sector como el de la tecnología, que supone el 8 por ciento del gasto sanitario puede tener oportunidades de mejora en la eficiencia”. No obstante, el gap es tan grande que ni la desaparición del sector supondría un alivio para la sanidad, explicó.
