Más que ciencia para asumir un recorte del 25%

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Los peores pronósticos de quienes interpretaron la integración de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de Economía y Competitividad se han cumplido. El anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2012 asesta un duro golpe al sistema y confirma un ajuste del 25 por ciento en los programas de Ciencia del ministerio, cuya aportación económica este año no llegará a los 6.400 millones de euros, un 25,5 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Además, el ajuste en estos programas está incluso por encima de la media del recorte del ministerio, que se sitúa en el 19 por ciento. Los capítulos destinados a la investigación sanitaria no se libran de los ajustes: su aportación baja de 327,5 a 298,8 millones de euros, un 8,8 por ciento menos.

Eso sí, el Instituto de Salud Carlos III, entre Economía y Sanidad, ha salido mejor parado este año. En un contexto como el actual, la merma del 2,2 por ciento en sus presupuestos es casi simbólica, aunque desde hace años los responsables del instituto alertan de que los recortes están acabando con los recursos propios de la entidad, a los que se han aferrado en los últimos tiempos para mantener en la medida de lo posible sus proyectos. El instituto gestionará 293,45 millones de euros.

Coherentes con la situación actual y comprometidos con los objetivos de déficit marcados por el gobierno central. Así son, según la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, los presupuestos que este año manejará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que por primera vez se desgranan pocas horas después de la presentación del anteproyecto en el Congreso de los Diputados.

Insisten en que el ajuste del 13,7 por ciento es de los menores entre los ministerios, con una media del 16,9 por ciento, lo que revela el compromiso del gobierno por “preservar la asistencia sanitaria y los servicios sociales esenciales”. No obstante, el ministerio contará con 365 millones de euros menos este año, 2.309 millones en total, sin contar con los más de 2.080 destinados al pago del mutualismo administrativo. Un margen de ahorro que, según los secretarios generales, saldrá de ajustar gastos superfluos y reducir campañas de publicidad, pero que también se consigue, en parte, eliminando las transferencias corrientes a las comunidades autónomas con las que se apoyaba desde el ministerio el desarrollo de políticas de salud y estrategias nacionales, un total de 44 millones de euros.

De hecho, el capítulo de Políticas de Salud y Ordenación Profesional es el más afectado por los ajustes, con una reducción cercana al 75 por ciento que deja este programa en apenas diez millones de euros, destinados casi en exclusiva a financiar las políticas profesionales, con prioridades como el registro y la reforma de la formación de los especialistas a través del desarrollo de la troncalidad, según recoge la memoria de este apartado.

Se diluyen así las aportaciones para el plan de salud bucodental, dotado en 2011 con 12 millones de euros, y los más de 16 millones de euros destinados, entre otros, a la financiación de las estrategias del Sistema Nacional de Salud, por citar solo algunos casos.

Farjas aclara que estas políticas de salud ya reciben financiación indirecta a través del Ministerio de Hacienda, que este año ha hecho un gran esfuerzo adelantando la liquidación de ejercicios presupuestarios anteriores y con la línea de crédito que permitirá el pago a proveedores. Mientras Moreno matiza que el estado ha asumido el recorte adicional de 5.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de déficit, lo que les obliga a reducir en aquellas partidas que están, según su opinión, “sobrefinanciadas”.

Plan Nacional de Sida

Siguiendo con el capítulo sanitario, el otro recorte importante afectará a las políticas de salud pública, que recibirán un 45 por ciento menos que en 2011. La decisión pone en jaque la financiación del Plan Nacional de Sida. Sanidad solo mantiene las convocatorias de subvenciones a las ONG, mientras se esfuman los casi 5 millones de euros de transferencia directa a las comunidades para estos programas, así como el apoyo a la investigación de Gesida, que en 2011 recibió ayudas por 77.000 euros.

La voluntad de mantener el peso de estas políticas en el sistema sanitario depende ahora en exclusiva de las decisiones las comunidades, que Farjas espera consensuar en el marco del Pacto Sociosanitario.

En cualquier caso, la secretaria general insiste en que los presupuestos blindan la asistencia sanitaria. Una de las partidas al alza es el Fondo de Cohesión Sanitaria, que asciende a 93,3 millones de euros, frente a los 87 millones del año anterior. Sin embargo, este fondo también incluye otro de reciente creación, el de Garantía Asistencial que resolverá los problemas de financiación de la asistencia sanitaria en zonas limítrofes, con lo que el incremento es relativo. Además, el Fondo de Cohesión se integra ahora en el programa de Prestaciones y Farmacia, uno de los pocos que aumenta, cuando en ejercicios anteriores formaba parte de un programa específico de cohesión en el que también se incorporaban las ayudas para el desarrollo de las estrategias sanitarias.

Otras partidas “asistenciales” como las de Ingesa, para la gestión directa de la sanidad en Ceuta y Melilla, y la Organización Nacional de Trasplantes, subraya Farjas, prácticamente se mantienen.

Pero las comunidades autónomas no solo dejarán de recibir estas transferencias. Uno de los mayores ajustes en el ministerio viene, tal y como adelantó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de eliminar los 283 millones del nivel adquirido en Dependencia. Moreno aclara que esta aportación es voluntaria, y que como contrapartida el nivel mínimo sube 203 millones de euros, de manera que más del 60 por ciento de los recursos del ministerio financiarán esta prestación.

Aportaciones al pacto

Aunque inicialmente Montoro anunció que las transferencias a las comunidades se mantenían, garantizando prestaciones básicas como la sanitaria, en la práctica las regiones han perdido una inyección económica que exigirá medidas adicionales para mantener políticas y servicios. En este contexto, el próximo Consejo Interterritorial, todavía sin fecha a la vista, discutirá las propuestas presentadas por las consejerías en el marco del Pacto de Ana Mato, que ya han llegado al ministerio. Extremadura y Cataluña se aferran a la “lealtad institucional” para no adelantar sus aportaciones, mientras el resto de comunidades guardan silencio y Asturias y Andalucía esperan la formación de sus nuevos gobiernos.

Menos benevolentes en sus valoraciones al nuevo contexto que dibujan, entre otros factores, los nuevos presupuestos, que culminarán su tramitación en junio, aunque la prórroga vigente ya contempla estos ajustes, se han mostrado los portavoces de los grupos de la oposición. PSOE e IU presentarán enmiendas a la totalidad. El portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, subraya que se trata de un recorte doloroso que afecta “cuantitativa y cualitativamente” al futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La preocupación de Martínez Olmos es compartida por el secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos, Patricio Martínez, que expresa su inquietud sobre cómo se trasladará el efecto de estos recortes a las comunidades autónomas, donde el margen de maniobra ya es mínimo. La respuesta, en el próximo Consejo Interterritorial.