Un estudio del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña defiende que los sistemas personalizados de dosificación (SPD) de medicamentos no pueden financiarse únicamente a través del margen derivado de los fármacos, ya que es “prácticamente imposible cubrir el coste del servicio con el margen de los medicamentos dispensados”. El estudio, publicado recientemente por varios farmacéuticos catalanes, sostiene, asimismo, que el precio del SPD “se debería establecer con independencia del número de medicamentos que utilice el paciente, y que se deban incorporar en el blíster, y de la complejidad del tratamiento”. Sin embargo, en el estudio no se entra a valorar “cuál debe ser el margen de beneficio sobre el coste del servicio”.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron una estimación de los costes del servicio de SPD y del número de medicamentos que deberían dispensarse para sufragarlo. Tuvieron en cuenta los costes de preparación de los blísteres, de la intervención del farmacéutico, en función del tiempo, y del material utilizado, así como el precio medio de los medicamentos dispensados por el Servicio Catalán de Salud (10,92 euros) y el margen medio actual (22 por ciento).
Los resultados indicaron que se necesitarían al menos ocho medicamentos para cubrir los costes generados, siempre y cuando la posología y el envase se ajustasen a un mes de tratamiento, ya que en el caso de superar este límite el número de fármacos necesarios para cubrir el sistema sería mayor; y que, por lo tanto, el SPD no puede ser sufragado simplemente con los beneficios marginales de los medicamentos. En todo caso, propone el estudio, de convertirse en un servicio concertado, su precio debería calcularse en base a su coste y a los ahorros directos al sistema de salud que genera el propio servicio. Un modelo que, en parte, ya viene aplicándose de forma pionera en farmacias del País Vasco, donde la administración autonómica hace ya dos años que sufraga el SPD en función de los costes que conlleva para el farmacéutico.
Según la portavoz de Ayuda Domiciliaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya y titular de una farmacia comunitaria habilitada para el SPD , Sofía López, el modelo implantado por el Gobierno vasco depende en gran medida de la evaluación de los servicios públicos, que son “los encargados de evaluar qué pacientes están en condiciones de recibir este servicio”, aunque la cantidad que se sufraga es la misma en todos los casos independientemente del tratamiento: 30 euros por paciente y mes.
A este respecto, López subrayó que el SPD supone un ahorro directo y otro indirecto, ya que mejora la adherencia a los tratamientos y “ahorra ingresos y consultas innecesarias”, y defendió el respaldo del sistema, ya sea por la administración o por el paciente. Se trata de un servicio extendido entre personas con características especialmente complicadas, pero también es un sistema demandado “por pacientes normales que están dispuestos a pagar encantados de su bolsillo”, argumentó, al tiempo que desecho la posibilidad de que pueda financiarse “únicamente en función de los márgenes del medicamento”.
