A.F. Madrid | viernes, 18 de septiembre de 2015 h |

La crisis de los refugiados en Europa requiere plantearse cómo será su atención sanitaria dentro del SNS, máxime teniendo en cuenta que a España le corresponden 14.900 refugiados —según el reparto anunciado por la Comisión Europea—. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguraba al respecto que su departamento está elaborando un protocolo de atención sanitaria inmediata a los refugiados que sean acogidos por España para garantizar que se encuentren en “la mejor situación posible”. Y es que a cada una de estas personas deberá comprobárseles “su estado de salud y las necesidades que tengan, especialmente los niños”, recalcó.

Alonso afirmó también que su departamento cuenta ya con una partida presupuestaria específica este año de 1,8 millones de euros, aunque incidió en que el Gobierno se ha comprometido a destinar los recursos que sean necesarios para este colectivo, así como a atender la crisis humanitaria que está afectando a toda la Unión Europea.

Los refugiados tienen derecho a una asistencia sanitaria en las mismas condiciones que la que reciben los ciudadanos españoles, por lo que desde el ministerio aseguran que así será desde que lleguen a España en todas las comunidades.

Para poder dar respuesta a esta necesidad de acogida de refugiados en Europa, las autonomías están elaborando un ‘inventario’ de recursos disponibles —entre los que se encuentran los sanitarios— a petición de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la última Conferencia Sectorial de Inmigración.

Concretamente, el Ejecutivo necesita tener constancia de la disponibilidad de lugares para alojar a estas personas a su llegada, profesionales y recursos sanitarios y psicológicos, así como asesoramiento desde el punto de vista legal para el primer momento. Además, de cara a una segunda fase de acogida, las distintas regiones españolas tendrán que dar cuenta de los servicios sociales, plazas escolares, viviendas sociales y servicios de orientación para el empleo de que dispongan. Una vez recopilados todos estos datos, el Gobierno distribuirá a las personas que vayan llegado entre las distintas comunidades autónomas según su estado y necesidades.

Paralelamente, la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobó una partida extraordinaria de 200 millones de euros a la atención a los refugiados, destinados a financiar el Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados.

Esta partida se añade a la cantidad que el proyecto de presupuestos había destinado en julio al sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional pues, dado que la evolución de los acontecimientos desde julio hacen previsible que continúe aumentando el ritmo de llegada de solicitantes a España, el Congreso ha decidido ampliar más allá de lo previsto las partidas presupuestarias destinadas a este objetivo.

Solidaridad de los profesionales

Por otro lado, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, consideró que el SNS está preparado para ofrecer a los refugiados que acogerá España si lo hace con “organización y sentido común” para evitar que se sobrecarguen las consultas. En este sentido, señaló que para dar esta asistencia “los dispositivos están montados y los médicos disponibles”, aunque la encargada de organizarlo deberá ser la Administración.

Asimismo, recordó que los protocolos ya están definidos porque deberán ser similares a los que se aplican para atender a la población inmigrante procedente del África subsahariana.

Tomás Cobo, patrono de la Fundación de Red de Colegios de Médicos Solidarios de la OMC y presidente del Colegio de Médicos de Cantabria aseguró a GM que España “cuenta con recursos sanitarios más que suficientes para atender a 15.000 personas más” . Sin embargo, consideró que “aún es pronto” para valorar cuánto dinero será necesario en Europa para hacer frente a todas las necesidades de estas personas.

El Colegio de Médicos de Sevilla también ofreció la “máxima colaboración” a las autoridades sanitarias ante la llegada de desplazados hasta la provincia. Además, incidió en que cuenta con un nutrido número de colegiados de nacionalidad siria y de países limítrofes, que pueden ser “de gran utilidad” en temas puntuales como el idioma.

Por otro lado, la Sociedad Española de Reumatología ha puesto en marcha una plataforma de reumatólogos solidarios que ofrecen su colaboración en los planes de acción que se lleven a cabo. Además, el presidente de esta sociedad insistió en que, al tratarse de una “situación excepcional”, su ayuda no consistirá solo en abordar patologías reumáticas y autoinmunes, sino que se ofrecen a diagnosticar la presencia y orientar la atención de cualquier proceso patológico que puedan presentar estas personas.

El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, también reivindicó que la atención sanitaria que se preste a la población no tenga sesgos en función de su origen económico (inmigrantes), político (refugiados) o de derecho (ciudadanos europeos), y que reúna los criterios de calidad, eficacia y eficiencia que caracterizan al SNS.

El sindicato de enfermería Satse, por su parte, solicitó a Alonso que cuente con los sanitarios en para la elaboración del protocolo de actuación que su departamento está elaborando.

En este sentido, proponen la constitución de un órgano específico de interlocución directa entre el ministerio y los profesionales sanitarios a través del que se puedan abordar las distintas necesidades que van a tener los refugiados y plantear soluciones.

La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) también mostraron su solidaridad con los refugiados a través de la firma de un manifiesto en el que se posicionan claramente en la defensa de estas personas y anuncian que darán una aportación económica a la oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para colaborar con la causa.

Según la página web de la OMS, los problemas de salud de los refugiados son similares a los del resto de la población, aunque algunos grupos puedan tener una prevalencia más alta.

Asimismo, apunta a algunas intervenciones que se pueden llevar a cabo para evitar la propagación de enfermedades transmisibles. En el caso de la tuberculosis, inciden en que debería garantizarse la cobertura sanitaria universal para los refugiados, incluyendo el diagnóstico precoz de la enfermedad y la atención eficaz durante todo el tratamiento. Respecto a la hepatitis, la OMS propone que se mejoren los programas de prevención y atención, especialmente porque varios países europeos solo vacunan a los grupos de alto riesgo contra la hepatitis B. En lo que a VIH se refiere, la OMS apoya las políticas a favor de realizar la prueba y facilitar la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Sobre la resistencia a los antimicrobianos, es importante que los facultativos conozcan los patrones de resistencia que son frecuentes en el país receptor para que, así, puedan tomar las decisiones más adecuadas.

A pesar de estas y otras recomendaciones, la OMS considera que los países europeos receptores están bien equipados y tienen experiencia para tratar tanto enfermedades infecciosas como no transmisibles, aunque advierte de que deben estar preparados para proporcionar esa asistencia a los que llegan.