br
El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato estrena el año nuevo con un asunto que rebosa “solera” sobre la mesa, el anteproyecto del real decreto de troncalidad. Esta semana finaliza el plazo concedido a sociedades científicas, sindicatos y colegios profesionales para presentar las alegaciones a un texto que finalmente dejará fuera la creación de la especialidad de Urgencias (ver GM nº 427), a pesar de la petición de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) que ha reclamado más tiempo a la Dirección General de Ordenación Profesional para presentar las objeciones al texto.
No por manido, el debate sobre la reforma de la formación de especialistas ha perdido intensidad. Junto a Semes, las críticas de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica (Seimc) también se han reavivado. Seimc alerta de nuevo de que la creación de una Microbiología troncal junto al no reconocimiento de la especialidad primaria de Enfermedades Infecciosas (EEII), ambas medidas contempladas en el borrador, supondrán “un paso atrás de imprevisibles consecuencias y volver a la situación de los años 60 en nuestro país”. Esta sociedad científica, que recalca que ha recibido el apoyo de políticos, instituciones, asociaciones de pacientes y sociedades europeas, considera que el RD pone de manifiesto “el total desconocimiento” de Sanidad sobre la realidad de ambas especialidades, y sobre el perjuicio que su aprobación supondría para los pacientes con infecciones en España”.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras, que admite el avance que supone la normativa, manifestará en sus alegaciones el desacuerdo con el no reconocimiento de la especialidad de Urgencias, relegada a Área de Capacitación Específica (ACE). Una objeción a la que suman la indefinición del modelo de acceso a las ACE, que deja a elección de cada programa tanto el proceso selectivo, como los requisitos del aspirante y los criterios de admisión a la formación.
Otro tema en el aire para este 2013 es la anunciada reforma del modelo retributivo de los profesionales sanitarios. Una vez incumplidos los plazos fijados en los primeros Consejos Interterritoriales de Ana Mato para la presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo creados para su análisis, cuyo debate sí llegó de manera “informal” a una reunión estival de la ministra y los consejeros populares, además del catalán Boi Ruiz, el cambio de modelo sigue estando lejos. Más aún ante las dificultades para alcanzar el consenso en la materia con todas las comunidades autónomas, con competencias en la materia, y ante la falta de diálogo con los sindicatos, imprescindible para modificar las condiciones que afectan al personal estatutario.
Por ahora, quienes reclaman un impulso a la política de RR HH en el ministerio tendrán que conformarse con la aprobación del sistema de homologación de categorías en el último Cisns del 20 de diciembre, que recoge un cuadro de equivalencias que abarca más del 80 por ciento de las categorías, y contempla la regulación del procedimiento de homologación para incorporar, modificar o suprimir algunas de ellas.
Cartera básica
La revisión de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud continúa entre las prioridades del departamento. En el Interterritorial de diciembre apenas se esbozaron las líneas básicas para “ordenar las prestaciones y resolver ineficiencias”, según la ministra, que agradeció a las sociedades científicas y los colegios profesionales su participación en esta tarea, así como a la red de agencias de evaluación. Mato espera que esté lista “en los próximos meses”.
Por ahora, asegura, se ha establecido una “rigurosa evaluación” bajo tres criterios. Uno de ellos es la actualización de la cartera de servicios asistenciales, con la detección de servicios en los que hay que modificar condiciones de uso o protocolizar actuaciones en las áreas de reproducción asistida, cribados neonatales e implantes oftalmológicos.
En reproducción asistida se establecen criterios como la edad (40 años al inicio del tratamiento para mujeres y 55 para hombres) y el número de ciclos, así como que la pareja no tenga hijos comunes sanos y que no se hayan sometido previamente a una esterilización voluntaria, aplicados ya en los hospitales públicos. Sobre este asunto, Mato insiste en que “no saldrán prestaciones”, sino que se decidirá siempre en función de criterios médicos. “A ninguna mujer se le va a preguntar por su estado civil ni por su orientación sexual”, manifestó la ministra tras la reunión con los consejeros.
Dentro de los cribados neonatales, se plantea igualar a la baja las prestaciones, incluyendo en la básica el cribado para cinco enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, MCADD, fibrosis quística y anemia falciforme, aunque el ministerio asegura que se estudiará la inclusión de cinco patologías más una vez finalizados los trabajos. Sobre esta decisión, el PSOE plantea equiparar el cribado, “al alza” tomando como referencia Andalucía (30 patologías) en lugar de Castilla-La Mancha.
Respecto a los implantes oftalmológicos, se ha actualizado el catálogo de dispositivos incluidos en la cartera básica común.
Junto a la actualización de prestaciones, el ministerio y las comunidades avanzaron en la reorganización de los servicios asistenciales en Oncología, Ginecología, Cirugía cardiovascular y Trasplantes. De este modo, se han establecido los requisitos de especialización, calidad y actividad mínima que deben reunir las unidades y servicios hospitalarios, que serán reorganizados en función de la población de referencia, el número de pacientes estimados, la experiencia clínica la accesibilidad y los resultados, según informó el ministerio. No obstante, su incumplimiento, aclara Sanidad, no supondrá el cierre de unidades, sino la concentración de casos y la mejora de la especialización.
En este primer paso hacia la revisión de la cartera básica también se introducirán criterios de eficiencia organizativa, que se plasmarán en iniciativas concretas como la creación de laboratorios centralizados, anillos radiológicos o plataformas logísticas.
La entrada en vigor de los nuevos copagos en las prestaciones que recoge la cartera suplementaria de servicios también se materializará en el horizonte de este año. En los próximos meses entrará en funcionamiento el cobro de la aportación de los usuarios en el transporte sanitario no urgente, según fue ratificado en el último Interterritorial. Como media, el usuario abonará cinco euros por trayecto, el 10 por ciento del precio estimado de 50 euros, con límites mensuales en función de la renta que se reducen en tratamientos superiores a seis meses. De igual modo, empezarán a aplicarse los porcentajes y topes en productos ortoprotésicos y dietoterápicos.
Junto a estos copagos, Mato ha anunciado la introducción de una modificación en el copago farmacéutico, con la creación de un nuevo tramo en el grupo de entre 18.000 y 100.000 euros, “para que no haya tanta diferencia”, explicó la ministra, que precisó que “no conllevará que se incrementen ni porcentajes ni topes”.
Dentro del cribado neonatal se igualará a
la baja el número
de enfermedades
Mato insiste en que la revisión de la cartera básica no eliminará prestaciones del SNS
El consejero de Salud del gobierno vasco, Jon Darpón, se ha estrenado en el Consejo Interterritorial criticando al Gobierno central por gestionar competencias autonómicas. Además, Darpón se sumó a las críticas contra los nuevos copagos vertidas por los responsables de Andalucía y Asturias. Por su parte, Boi Ruiz, que continuará como consejero en el nuevo gobierno catalán de Artur Mas, cuyo debate de investidura coincidió con la cita con la ministra, reclamó por escrito que se evalúen a conciencia los nuevos copagos para impedir barreras de acceso al sistema.
